La Cámara de Diputados ratificó este martes los cambios que el Senado realizó a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobando penas de hasta 42 años de prisión para los delincuentes. Con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el proyecto fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor de forma inmediata. La reforma busca revertir el incremento de extorsiones en el país, que se había tipificado de manera diferente en cada entidad federativa, permitiendo impunidad e inconsistencias legales.
Contexto: La iniciativa fue enviada por la presidenta Sheinbaum el 20 de octubre para unificar en todo el país el delito de extorsión, que hasta ahora se sancionaba de forma distinta en cada estado. Esta fragmentación legal había dificultado la persecución y propiciado la impunidad, permitiendo que condenados en estados con penas menores buscaran evasión en otras entidades. El delito incluye obligar a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo beneficio o lucro para sí o terceros, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico.
Datos duros: La Ley General en materia de Extorsión establece penas de 15 a 25 años de prisión para el delito básico, superior a los 6 a 15 años originalmente propuestos. Adicionales incluyen 5 a 12 años cuando se utilizan dispositivos digitales, medios o plataformas; 7 a 17 años cuando se emplean armas o instrumentos peligrosos; y 10 a 20 años para servidores públicos que no denuncien el delito. La reforma modifica códigos Penal Federal, Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal Contra Delincuencia Organizada, Ley Nacional de Extinción de Dominio y Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se acumularon 10,804 víctimas de extorsión.
Reacciones: El PAN y el PRI advirtieron durante la discusión que dejar el tipo penal básico en rangos bajos habría permitido liberaciones de condenados en estados con penas más altas. La reforma responde a estas advertencias incrementando significativamente los castigos. Sin embargo, la oposición señala que sigue siendo reaccionaria, enfocándose en castigo sobre prevención y origen de la extorsión, frecuentemente vinculada a organizaciones criminales de narcotráfico.
Cierre: La entrada en vigor de esta ley unifica criterios nacionales y endurece castigos, representando un paso hacia la igualdad legal entre entidades. Sin embargo, expertos advierten que aumentos en penas sin mejora en capacidades de investigación y persecución podrían resultar en leyes más efectivas en el papel que en la práctica.
