La mañana del sábado 22 de noviembre, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro difundieron a través de redes sociales un incidente ocurrido en la estación San Andrés Tomatlán, de la Línea 12. Según los testimonios y videos compartidos, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) habría agredido a una mujer embarazada que viajaba con dos menores de edad.
Los reportes indican que el altercado inició cuando la usuaria intentó hacer uso del elevador reservado para personas con movilidad limitada. Testigos afirman que el oficial le negó el acceso de manera prepotente y, ante los reclamos de la mujer, procedió a jalonearla, poniendo en riesgo su integridad física y la de sus hijos.
La situación generó la intervención de otros pasajeros, quienes confrontaron al uniformado exigiendo respeto. Ante la presión, autoridades del Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que se ha abierto una carpeta de investigación interna a través de la Dirección General de Asuntos Internos para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado el uso excesivo de la fuerza y la falta de protocolos de actuación con perspectiva de género y derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. Solicitan que se garantice la reparación del daño a la víctima y se implementen medidas de no repetición.
Este incidente reaviva el debate sobre la capacitación de la policía encargada de la vigilancia en el transporte público. La ciudadanía exige servidores públicos que brinden seguridad y asistencia, en lugar de representar una amenaza para los usuarios, especialmente para los grupos vulnerables.
