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Merai Gutiérrez acusa a la Fiscalía de Jalisco de proteger a su violentador

En un escenario de continua lucha por la justicia y la integridad, Merai Gutiérrez Alonso, una ex empleada del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ha salido a la luz pública para denunciar serias irregularidades en la investigación de un caso de violencia extrema que sufrió. El 16 de marzo de 2023, Gutiérrez fue sometida a un inimaginable calvario de violencia física y sexual, además de ser privada de su libertad. Según informes, César Augusto Aguirre Sánchez, identificado como la pareja de la alcaldesa Mirtha Villalvazo en aquel entonces, es el presunto responsable.

El caso tomó un giro oficial el 19 de mayo cuando Gutiérrez presentó su denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, bajo la carpeta de investigación 2173/2023, por los delitos de violación e intento de feminicidio. Los hechos aterradores, que comenzaron en una embarcación en La Cruz de Huanacaxtle y culminaron en Boca de Tomatlán, Jalisco, parecían encaminarse a una resolución judicial.

Sin embargo, en una reciente conferencia de prensa, Gutiérrez ha puesto de manifiesto una serie de anomalías preocupantes en el proceso de investigación. A pesar de que inicialmente la carpeta de investigación estaba correctamente integrada, documentos cruciales, incluyendo constancias y dictámenes, comenzaron a desaparecer misteriosamente. Este hecho ha impedido la judicialización del caso, agravado por la desaparición del peritaje ginecológico y la inexplicable ausencia de la médica que lo realizó.

La joven ha expresado su frustración ante la falta de una audiencia ante el Juez de Control, a pesar de que la violación se contempla en la carpeta de investigación. Aún no se ha emitido una orden de aprehensión. Ante la falta de acción de la Fiscalía de Jalisco, la Fiscalía de Nayarit tomó la iniciativa de abrir dos carpetas de investigación centradas en los delitos de privación ilegal de la libertad y amenazas.

Además, Gutiérrez enfrenta un juicio laboral contra el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, exigiendo el pago de prestaciones laborales. Este proceso, sin embargo, se ha visto entorpecido por requerimientos burocráticos adicionales y demoras.

En noviembre de 2023, se emitió una orden de aprehensión contra Aguirre Sánchez, pero no se llevó a cabo su ejecución debido a rumores de un supuesto acuerdo económico entre Gutiérrez y su agresor, algo que ella ha negado categóricamente, alegando falsificación de firmas.

Agravando aún más la situación, el presunto agresor ha conseguido un amparo, suspendiendo la orden de aprehensión. La Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas inició una investigación, pero no ha dado resultados concretos.

En una emotiva conferencia, Gutiérrez rechazó cualquier motivo político detrás de su lucha, enfocando su petición en la necesidad de una justicia imparcial y efectiva. A pesar de los desafíos y obstáculos, su determinación por obtener justicia permanece firme, mientras llama la atención sobre las deficiencias y la falta de acción por parte de las autoridades correspondientes.