El Grupo Parlamentario del PAN propuso convertir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Instituto de la Función Pública, a fin de generar en este órgano plena autonomía técnica, de gestión y presupuestal.
En un comunicado, indicó que el objetivo es que pueda cumplir sin complicidades con su responsabilidad de prevenir, vigilar e investigar todas las faltas administrativas, así como la de sancionar las graves y no graves cometidas por servidores públicos federales.
Las y los diputados del PAN informaron que presentarán un paquete de iniciativas para defender a México del autoritarismo.
La bancada panista señaló que esto corresponde a su Agenda Política que se impulsa para este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXV Legislatura.
El coordinador de la bancada, Jorge Romero Herrera, señaló que el actual mecanismo del titular de la Función Pública no garantiza autonomía de ejercicio y queda demostrado que bajo las reglas vigentes dicha dependencia está sometida a la voluntad del titular del Ejecutivo.
Lo anterior, dijo, “contraviniendo el espíritu del combate a la corrupción en todas sus esferas, por eso se pretende generar un contrapeso institucional, siguiendo los principios por los cuales se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”.
En ese sentido, la fracción parlamentaria también planteó una serie de mecanismos que blinden los órganos autónomos y al Poder judicial con más y mejores requisitos, que son fundamentales para que las y los titulares de estas instituciones estén a la altura de su mandato constitucional.
Con la propuesta, explicó, se busca que las personas que aspiran a los cargos de instituciones autónomas, cumplan con la probidad, experiencia, independencia y el profesionalismo necesarios para llevar a cabo sus funciones.
De tal forma, la bancada abundó algunos requisitos que plantea la propuesta de ley, además de título profesional con antigüedad mínima de 10 años, acreditar conocimientos en la materia, etcétera, para ocupar dichos cargos son:
No haber sido militante de algún partido político en los últimos 12 años anteriores al día de su nombramiento o ratificación.
No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular federal o local en los últimos 12 años anteriores al día de su nombramiento o ratificación.
No tener o haber tenido algún interés o beneficio económico o privado con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo Federal. Los nombramientos en los cargos directivos de los órganos autónomos deben estar alejados de las filias respecto al titular del Ejecutivo.
El Grupo Parlamentario comentó que la reforma pretende dotar a los órganos autónomos del Estado y a los miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) como son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal, así como al Tribunal Federal Electoral, de la independencia necesaria para cumplir con sus objetivos.
