La reforma eléctrica es una de las iniciativas estrella del gobierno de López Obrador para 2022. Pero, de salir adelante, el plan podría ser un grave revés para la transición energética en México. Al día de hoy, parece difícil que el plan obtenga la mayoría de dos tercios que necesita en el Congreso, pero la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para reformar el sector eléctrico y volver a modificar la Constitución será uno de los temas candentes en la agenda política y económica de las próximas semanas en México. 

Para sus detractores, la propuesta de revertir parte de la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ahuyentará la inversión privada, mientras que el gobierno asegura que su plan de fortalecer al sector estatal “le conviene al pueblo” y es otro avance en la lucha contra la corrupción. 

A las críticas, se han sumado voces que alertan sobre un retroceso para la necesaria transición hacia el uso de energías limpias en México, la segunda mayor economía de América Latina. Lo cierto es que, con la iniciativa de reforma constitucional presentada, López Obrador ha vuelto a poner en agenda un tema polémico, blanco perfecto para el debate ideológico. El plan de la reforma eléctrica propone reforzar la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dar con ello marcha atrás parcialmente a la liberalización del mercado aprobada, con rango constitucional, en 2013. 

Si el plan de AMLO se aprueba tras los debates parlamentarios previstos para abril de 2022, la CFE pasaría a controlar mayoritariamente la generación de la energía eléctrica que consume el país, con al menos un 56 por ciento del mercado. Actualmente, según el gobierno, la CFE genera el 38 por ciento de la electricidad y el sector privado, el 62 por ciento.

Además de hacer retroceder a las empresas privadas –entre ellas transnacionales como la española Iberdrola, objeto habitual de las antipatías de AMLO–, el gobierno descarta la entrega de concesiones para la explotación de litio, un sector codiciado por el descubrimiento de nuevos yacimientos en los últimos años. 

Tanto gobierno como inversionistas de Estados Unidos están preocupados por el impacto que tendría la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, expresaron en una carta Gina Raimondo, secretaria de Comercio; Jennifer Granholm, secretaria de Energía; y Katherine Tai, representante comercial de la nación americana.

Esta misiva fue una respuesta al congresista republicano Earl L. ‘Buddy’ Carter, quien el pasado noviembre de 2021 expresó su preocupación sobre el tema, ya que considera que el Gobierno de México está intentando limitar la participación de empresas privadas en el sector energético.

“El comercio y la inversión en energía entre EU y México son cruciales para garantizar la seguridad energética y prosperidad económica de Estados Unidos y América del Norte, entendemos y compartimos sus preocupaciones con respecto a la reforma constitucional propuesta por México, en la que las reformas y acciones recientes afectan a empresas e inversores estadounidenses en el sector energético”, señalaron las titulares de las tres dependencias, al firmar la misiva.

Agregaron que el Gobierno de Estados Unidos mantendrá su compromiso de garantizar un trato justo para los exportadores e inversionistas estadounidenses, por lo que realizarán diversas acciones para combatir esta incertidumbre.

En primer lugar, señalaron que la Oficina del Representante Comercial de EU se encuentra revisando minuciosamente las implicaciones que tendría la reforma eléctrica en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por otra parte, en la carta señalaron que el objetivo de la visita de la secretaria Jennifer Granholm a México (20-21 de enero) sería el de plantear directamente al Gobierno mexicano las preocupaciones de Estados Unidos sobre las reformas constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo mexicano.

Y así fue, ya que al finalizar su visita por México, la secretaria Granholm informó mediante un comunicado de prensa que durante todas las reuniones que sostuvo en México, expresó las preocupaciones reales que tiene la administración Biden-Harris respecto al posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense establecida en el país.

Al finalizar su gira de trabajo por México, la funcionaria estadounidense puntualizó que la reforma propuesta por el presidente López Obrador también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima.

Agregó que México ha sido ‘bendecido’ con una gran cantidad de energía renovable potencial que, si se realiza por completo, podría impulsar al país más de 10 veces, crear millones de empleos bien remunerados y desarrollar una industria de exportación extraordinaria orientada a un mundo que necesita energía limpia.

“Hemos expresado nuestro entusiasmo por trabajar con el gobierno mexicano para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos climáticos y hacer crecer una economía de energía limpia competitiva y diversificada”, dijo.

Entre otras prioridades, la secretaria Granholm señaló que desean explorar la colaboración en el desarrollo de energía geotérmica, la integración de las energías renovables en la red, la reducción del metano y la electrificación rural.

Finalmente, la funcionaria estadounidense indicó que Estados Unidos valora su relación con sus vecinos del sur.

“México es nuestro segundo socio comercial más grande y las empresas estadounidenses son los principales inversionistas de México. Tenemos un interés fundamental en que México y su gente triunfen”, subrayó.

Que las tres secretarías de Estado hayan firmado esta carta significa que el presidente Biden se está tomando con mucha seriedad el tema, no olvidemos que ya hay, al menos, cuatro cartas recientes sobre el tema energético: la de los senadores Wyden y Crapo (líderes del Comité de Finanzas del Senado), la de Kevin Brady (miembro del Comité de Medios y Procedimientos), la de Robert Menéndez (presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado), y una carta de organismos no gubernamentales”.

La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos podrían realizar audiencias para discutir el tema, ya que desde el inicio de negociaciones del T-MEC, el sector privado estadounidense dejó muy en claro que una de sus prioridades consistía en desarrollar nuevos negocios en México en el sector energético, por lo que no van a dejar de presionar. Los congresistas estadounidenses están receptivos a escuchar estas presiones, ya que en noviembre hay elecciones para 435 miembros de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 senadores.

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