En nombre de la “austeridad republicana”, del combate a la corrupción y al neoliberalismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, está decidido a continuar con el desmantelamiento de buena parte de la administración pública. En su empeño por desaparecer y destruir todo aquello creado antes de su arribo como titular del Poder Ejecutivo de la Nación, pero principalmente de centralizar el poder político del Estado Mexicano, llevará al Congreso una iniciativa de reformas legales para concentrar en dependencias del gobierno federal a 16 organismos descentralizados o desconcentrados.

En el caso de siete descentralizados, que hoy gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio y de autonomía técnica y de gestión, perderán ese carácter al ser incorporados en el organigrama del gobierno y quedar jerárquicamente supeditados a las dependencias a las que sean adscritos.

Ese será el caso del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), ambos órganos descentralizados que se propone incluir al organigrama de la Secretaría de Bienestar.

A la Secretaría de Gobernación se pretende que quede adscrito el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se propone hacerlo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se propone dejarlo en el organigrama de la Secretaría del Trabajo, en tanto que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) se plantea que quede bajo el mando de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) quedará a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que los organismos descentralizados componen la administración pública paraestatal y cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios.

En cambio los órganos desconcentrados integran la Administración Pública Centralizada, pues son dependientes de las Secretarías de Estado, y tienen “facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables”.

Proponen reducir estructuras

La propuesta presidencial incluiría, además, la extinción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Respecto a los 9 organismos desconcentrados, que hoy ya están adscritos a una dependencia federal ahora lo estarán, pero con un rango menor.

La Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo) –que hoy es un desconcentrado adscrito a Gobernación– quedará a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) mantendrá a su cargo los servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera, y los Servicios de Inspección y Certificación de Semillas, mismos que ya están en su organigrama pero como desconcentrados y ahora serían direcciones.

La Comisión Nacionales de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, así como la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía, ambos órganos desconcentrados de la Secretaría de Energía se quedarán en esa dependencia según la iniciativa, pero con rango menor.

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y quedará ahí con nivel directivo.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) quedará en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Nacional.

Finalmente, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) hoy desconcentrado de la Secretaría de Bienestar quedará reducida a una dirección.

Se plantea además que el Instituto Nacional de Migración (INM) absorba a la Coordinación General de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar), cuyo carácter es el de un organismo intersecretarial que integran la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

Una publicación de The Washington Post, refiere que “Durante las dos primeras décadas de este siglo fueron creadas o adquirieron autonomía agencias estatales como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En estos órganos se ha ido gestando una nueva administración pública, mucho menos politizada, más especializada y permanente.

Con la llegada de López Obrador a la presidencia, empeñado en centralizar el control político del Estado, la profesionalización estatal no solo se frenó, sino que se ha revertido. Desde el principio de su gestión se propuso el desmantelamiento de los cuerpos autónomos: promovió la reforma constitucional para desaparecer al INEE, propició la captura política de la CNDH, busca desaparecer a la CRE, ha dejado acéfala y con un consejo inoperante a la Cofece (y busca lo mismo con el IFT), y ha arremetido una y otra vez contra el INAI y el INE, al cual ha sometido a una operación de asedio político. Cuando hubo de relevar al nuevo gobernador del Banco de México, optó por una economista de su círculo más cercano, después de retirar la propuesta de su exsecretario de Hacienda, en un proceso confuso con tintes de castigo por indisciplina.

Otras agencias más modestas también han sido víctimas del desmantelamiento en nombre de la “austeridad republicana”. El recorte se ha cebado especialmente contra las encargadas de la ciencia, la tecnología y la innovación, en las que hubo (de 2018 a 2019) una reducción de 44.1% del personal.

El caso del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), un pequeño centro de educación superior e investigación que el presidente considera que “se derechizó”, ha cobrado relevancia recientemente por la resistencia de su comunidad académica al intento de desmantelamiento. Pero también han sufrido recortes institutos tradicionales, como el de Antropología e Historia y su escuela, la ENAH, y se ha decretado la desaparición del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Una parte relevante del desmantelamiento del Estado civil se ha concretado en la transferencia de funciones a las Fuerzas Armadas. Según el Inventario de lo militarizado, elaborado por el CIDE y México Unido Contra la Delincuencia, al menos 246 funciones de la administración civil han sido trasladadas a la militar, bajo el supuesto de que así funcionarán con menos corrupción y más eficiencia. En la realidad, la gestión militar implica mayor opacidad y menor rendición de cuentas, sin que existan evidencias de la mayor honestidad de los gestores castrenses”.

Al finalizar la primera reunión ordinaria de 2022 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Francisco Ciscomani Freaner, también presidente del Comité de Participación Ciudadana, llamó a reflexionar sobre la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA).

“Ha llegado a mis manos un proyecto de iniciativa y la intención del señor presidente, la cual respeto en clima de austeridad, de eventualmente proponer que algunas instituciones sean básicamente fusionadas, que tienen grados de autonomía distintos, con secretarías de Estado. En el caso de SESNA viene prácticamente desapareciéndola”, alertó.

Explicó que la iniciativa le preocupa. Hizo énfasis en que “la Secretaría Ejecutiva ha demostrado ser una institución eficiente no solamente en términos presupuestales, sino en logros en la construcción del Sistema Nacional”

Ante los demás integrantes del Comité Coordinador llamó a revisar la situación, y ver si “eventualmente podemos hacer un exhorto para que se “repiensen” estas iniciativas”.

Expresó: “Sí quiero realmente ponerlo en la mesa, nosotros en lo particular como Comité de Participación Ciudadana, vamos a tomar una posición pidiéndole de forma respetuosa al presidente si vemos que esta iniciativa continúa que retire esta iniciativa, que repiense esta parte y que deje continuar los trabajos con este brazo, que es pilar del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Entre los integrantes del Comité Coordinador del Sistema se encuentran la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja, y el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, quienes son cercanos al Ejecutivo.

Así pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere reducir al mínimo el poder fuera de su égida y para ello continuará su proyecto de demolición y desmantelamiento de cuerpos autónomos. 

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