“El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, “adoptaron” a un bebé del sistema de Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Capullos por un fin de semana sin los permisos necesarios y sin fundamentos para poder realizar el resguardo del menor conforme a la Ley, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)”, así concluyó la investigación en torno al muy polémico caso del menor extraído del DIF por el gobernador de Nuevo León y su esposa para tenerlo en adopción durante un fin de semana.

Se dijo que la Procuraduría de Protección y el Director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, ambos del estado de Nuevo León, otorgaron el permiso para que el niño quedara bajo resguardo del matrimonio durante un fin de semana, como “medida especial”..

“Sin embargo, no se proporcionó evidencia que acredite que la medida antes señalada se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, conforme se solicitó en el requerimiento de información”, señaló en un comunicado este lunes.

Este tema se apoderó en los últimos días de las redes sociales derivando en una interminable batalla entre quienes apoyan y aquellos que reprueban la acción.

Las agendas políticas de militantes del partido en el poder federal se alinearon en torno al asunto para exigir las cabezas del gobernador y su esposa, mientras que organismos nacionales e internacionales pugnaron porque se llevasen a cabo las correspondientes investigaciones para deslindar responsabilidades y en su defecto, se apliquen los castigos correspondientes, siendo el común denominador una inusitada preocupación por el bienestar de ese menor en particular.

Desde luego, hay que subrayar que nadie en este país ni fuera de él habría reaccionado con tal apasionamiento y furia sino fuese porque los protagonistas de la historia son el primer mandatario de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, quienes inevitablemente generan simpatías u odio según el color con el que se les mire.

Para aquellos que no  son afines al Partido Movimiento Ciudadano ni forman parte del enorme grupo de seguidores de Mariana en Instagram, los García-Rodríguez deberían ser mínimamente encarcelados por haber extraído al menor del DIF, pues consideran habrían incurrido en los presuntos delitos de tráfico de influencias, explotación de imagen, cosificación, revictimización, y otros que se pudieran configurar.

Las condenas, criticas, vituperios, y recriminaciones en contra de la pareja neolonesa brotaron profusamente, acusándolos principalmente de frívolos al violar los derechos del menor exponiendo su rostro en redes únicamente con el afán de ganar “likes”, siendo que Mariana es una conocida influencer que cuenta con más de 2 millones 200 mil seguidores tan solo en Instagram, y que a ella se le acredita en mayor medida que Samuel obtuviera la gubernatura.

 “Gracias, Samuel, por seguirme mis locuras”. Así se expresaba aquel fin de semana Mariana Rodríguez. Y se refería al acogimiento en su casa durante dos días del bebé de cinco meses con discapacidad, que fue presentado en las redes sociales siguiendo la costumbre de la pareja de airear su vida privada por estas vías de comunicación.

Para muchos, este asunto ha saltado la línea de la cordura y ha sido calificado de oportunismo político a costa de una criatura que está en un centro de atención a menores para procesos de adopción.

Afortunados en otras ocasiones por sus incursiones en las redes sociales, en este caso las críticas han sido profundas y el gobernador, Samuel García, ha dado un giro al asunto prometiendo agilizar las adopciones de menores en el Estado. “No es una locura ni es ingenuidad, es un patrón político que se repite, pura estrategia”, critican los expertos en protección de la infancia.

La intención de su acto solo ellos la conocen; pero hay que decir que Samuel se ha caracterizado por hablar sin pensar, y no en pocas ocasiones por su torpeza. Mariana en cambio, parece más inteligente pero el “descuido” en las formas para llevarse al Niño y luego exhibirlo en redes la ha hecho lucir como tonta y no lo es, mucho menos tratándose de un negocio que domina.

Lo que no deja de llamar la atención por otra parte, es la hipocresía y la doble moral que parecen predominar en este polémico tema, siendo que no pocos se han subido al ladrillo de la superioridad moral para, con su dedo acusador, exigir la cabeza de la polémica pareja. 

Y es que por ejemplo, se conoció hace unos días del hallazgo del cadáver de un bebé en contenedores de basura de un penal de Puebla; y de un niño de seis años que tras ser reportado como desaparecido en Morelos fue encontrado muerto, pero absolutamente nadie alzó la voz con tanta furia y tanto ahínco como el que se vio en el caso que aquí nos ocupa.

Diputados y militantes de Morena se desgarran las vestiduras mientras exigen castigos ejemplares para Samuel y Mariana. Esos mismos que durante tres años han callado y sido cómplices del genocidio de seis mil niños ya sea por detección tardía y/o falta de tratamientos para el cáncer.

¿En dónde han estado también los organismos que a propósito de este asunto han buscado reflectores, pero no han aparecido cuando en la pandemia han muerto alrededor de 1 mil niños por COVID-19 mientras el gobierno les sigue negando la vacuna?; ¿cómo han apoyado a los 200 mil menores que han quedado en orfandad en este mismo contexto y a los otros más de 204 mil que perdieron a sus cuidadores secundarios?

¿Por qué no levantaron la voz cuando se canceló el Seguro Siglo XXI que beneficiaba a 4 millones de niños de escasos recursos o cuando cerraron más de 9 mil estancias infantiles? 

¿Qué han dicho ante la venta de niñas en el sureste tolerada desde el Gobierno Federal so pretexto de “usos y costumbres”, o el reclutamiento de 100 mil niños en las filas del crimen organizado?

La Red de Derechos de la Infancia en México (Redim) expresó su “profunda preocupación” y recordó que los niños son titulares de derechos que debe proteger el Estado. “La adopción es un mecanismo válido y valioso para estos niños, que no debe ser trivializado o descuidado”, han señalado. “Es sacar a un niño un fin de semana como si fuera un peluche para entretenimiento personal”, lamenta el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez.

Para Pérez, el asunto está claro: “Es un patrón político, todo es estrategia. En este caso les ha ido muy bien en las redes, han tenido críticas, pero la mayoría les aplaudía. Ya les denunciamos en 2019 por el uso de un niño indígena para sus propósitos políticos, pero entonces el INE no tenía lineamientos para frenar eso. Después, en 2020 sí los aplicó, pero la multa que les impusieron al final no tuvieron que pagarla. Hay mucha corrupción y tráfico de influencias en estos casos. Ahora nos dicen que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya ha abierto una investigación, pero también se quedará en nada, porque estas comisiones suelen estar con el gobernador en turno”, critica Pérez.

Si hubo perversidad o no en su conciencia quedará.

En tanto, seguramente en los próximos días conoceremos más resultados respecto de las diversas investigaciones que ya se llevan a cabo en torno a este muy polémico asunto.

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