El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió ayer, 13 de enero, de parte de la Secretaría de Gobernación, la propuesta elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública para que la autoridad electoral cuente con los recursos necesarios para realizar la Revocación de Mandato, supuestamente, sin la necesidad de una ampliación presupuestal.

En ejercicio de su autonomía, el Instituto valorará en sus términos las propuestas contenidas en el documento entregado y se mantendrá pendiente a la respuesta formal que se dé al oficio enviado el 13 de enero por el INE a la Secretaría de Hacienda para solicitar recursos por 1,738.9 mdp, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitida el pasado 29 de diciembre.

En su resolución, el TEPJF instruye al INE que “realice y gestione las adecuaciones presupuestales necesarias, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de estar en posibilidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades calendarizadas en el proceso de revocación de mandato; o bien, de subsistir la insuficiencia, realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de solicitar las ampliaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado desarrollo del proceso de revocación de mandato”.

En ese sentido, el mismo 13 de enero el INE entregó a la SHCP una solicitud por 1,738,947,155 pesos, necesarios para realizar el ejercicio de Revocación de Mandato de conformidad con estipulado en la ley.

No obstante lo anterior, el Instituto hace algunas precisiones sobre lo que ha trascendido en medios de comunicación respecto a la propuesta enviada por la Segob.

• El Instituto no cuenta con un presupuesto de 19,736.3 mdp, ya que 5,821.85 mdp son destinados, conforme lo señala la Constitución, a las prerrogativas de los partidos políticos.
• Se indica que con la propuesta se contará con recursos para organizar tanto la Revocación de Mandato como la Consulta Popular; sin embargo, desde el mes de noviembre quedó descartada la posibilidad de organizar una Consulta Popular porque no fue solicitada.
• El documento entregado por la Segob establece que son 1,336 plazas de director de área o superiores; sin embargo, en realidad el INE cuenta únicamente con 121 plazas con nivel de director de área y niveles superiores.
• El Instituto no cuenta con personal sindicalizado como menciona el documento.
• El arrendamiento de bienes inmuebles es necesario para que el INE despliegue su capacidad operativa y de atención ciudadana a nivel nacional, estatal y en cada uno de los 300 distritos electorales que conforman el territorio nacional. Se trata de oficinas en todo el país, así como de los Módulos de Atención Ciudadana donde se tramita la Credencial para Votar.

Estas y otras imprecisiones se encuentran en el documento recibido y reflejan desconocimiento de la actividad electoral que tiene que desplegarse para la organización de un proceso electoral tal y como lo estipulan la Constitución y las leyes en la materia.

El INE hará siempre el mayor esfuerzo para que los derechos político-electorales de la ciudadanía en México se ejerzan a plenitud.