Tras las investigaciones y como resultado de la auditoría practicada por la Contraloría del Estado (CE) al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), se logró avanzar en el caso que dañó el patrimonio de las y los trabajadores al servicio público del Estado, en la cual las investigaciones arrojan el desfalco de aproximadamente 2 mil millones de pesos por las empresas Abengoa de México S.A. de C.V. y Transporte Marítimo Mexicano S.A. de C.V. (TMM), además de identificar 24 empresas más en las que se presume un daño por 700 mdp, siendo todas estas inversiones en mercados financieros sin verificar criterios de rentabilidad, vulnerando los principios de seguridad, rendimiento y liquidez para el portafolio de inversiones del propio Instituto.
La Contraloría del Estado de Jalisco, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción, para dar con los responsables en un trabajo coordinado que comenzó por parte de la CE con el fin de dar orden al interior del organismo y que ha derivado en exhaustivos procesos administrativos que ponen candados en el futuro para garantizar que no haya movimientos de corrupción.
La denuncia presentada el 21 de diciembre de 2021, ante la fiscalía Anticorrupción ha sido por fraude, uso ilícito de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público en contra de quien resulte responsable.
“Esta historia de corrupción que lastimó el fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del estado no puede quedar como una historia más de impunidad tenemos que hacer un ejercicio a fondo para deslindar responsabilidades, para que se castigue a los culpables de este desfalco que sufrió pensiones del estado, no solamente la pasada administración sino en un proceso largo que a lo mejor escapa de los alcances de lo que a nosotros nos toca hacer pero que evidentemente es una de esas muestras de cómo se usa el dinero, en este caso de los trabajadores al servicio del estado para hacer negocios y para lucrar de manera verdaderamente inmoral”, señaló Enrique Alfaro Ramírez.
En rueda de prensa, el Mandatario aseguró que desde el inicio de la actual administración y luego de que por años públicamente se supiera el caso, se giró la instrucción para dar orden y lucha al rescate por el patrimonio del IPEJAL.
“Estas dos inversiones Abengoa y TMM representan una inversión en conjunto de 2 mil millones de pesos, se están investigando otras 24 inversiones por montos cercanos a los 700 mdp más, eso sería presentado como una ampliación de la denuncia, ya la fiscalía le dará el tratamiento que corresponda y esa auditoría de esas otras 24 la terminamos en un mes a más tardar, ya eso sería parte también de la denuncia presentada, las 26 empresas involucradas”, agregó.
Asimismo, dijo que se busca recuperar legalmente lo más posible de recursos económicos de las inversiones a las dos principales empresas y otras 24 en las que la auditoría determinará en un mes el resultado de esta investigación.
La contralora Teresa Brito especificó que el monto de Abengoa fue de 344 mdp durante el ejercicio 2015, mientras que la empresa TMM resultó por un monto de mil 626 mdp en ejercicios del 2011, 2012 y 2016.

Ante ello, Brito puntualizó estos hechos como una evidente violación a la normatividad que rigen a los procesos bursátiles del organismo, ya que hay documentos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y otras calificadoras internacionales advirtiendo riesgos en las inversiones con las empresas mismos que fueron omisos, rebasando el monto especificado en los riesgos de inversión. Asimismo, declaró que todas las observaciones tienen documentos que acreditan el actuar de estos procesos.
“El actual director de pensiones del estado nos abrió las puertas, nos abrió las gavetas, checamos los expedientes, no era tan fácil, hay un desorden administrativo en torno a las inversiones, esto se ha ido regularizando, pero mientras tanto tuvimos la oportunidad de alimentar la auditoria con toda la información que nos facilitaron en el instituto”, dijo.
 

Entre los hallazgos emanados de la auditoría se detectó lo siguiente:
– Incumplimiento en la calificación mínima aceptable, es decir por debajo de lo permitido de acuerdo con las Políticas de Inversión.
– La carencia de planes específicos de acción en caso de fluctuaciones negativas en las inversiones, a pesar de existir reportes por parte de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que advertían una posible baja de calificación y que no obstante se ignoraron dichos reportes y se continuó invirtiendo.
– En algunos casos se excedieron los límites establecidos para los montos de inversión de acuerdo con las políticas del propio Instituto, implicando responsabilidad por omisión por parte de quienes tomaban decisiones y vinculaban con el Comité de Inversión, ya que aún teniendo conocimiento de advertencia en el sentido de una posible baja de calificación de Abengoa por parte de la BMV, decidieron seguir invirtiendo en dicha empresa.
– Las irregularidades sobre la decisión de invertir en Transporte Marítimo Mexicano S.A. de C.V. surgen desde el momento de considerar un instrumento que no contaba con el respaldo de ninguna de las tres agencias calificadoras autorizadas y bajo este contexto se aprobó invertir de acuerdo con información proporcionada por el IPEJAL, lo anterior a pesar de todos los riesgos implicados como los procesos judiciales que enfrentaba la empresa.
– Respecto a las 24 inversiones aún no cuantificadas, se tiene información de que algunas de ellas no contaban con calificación de las tres agencias calificadoras internacionales y otras que no contaban con un plan específico de acción al momento de una baja calificación crediticia.
El director de Pensiones del Estado, Héctor Pizano, aseguró continuarán todas las acciones para salvaguardar el patrimonio de los más de 120 mil trabajadores activos y otro número de pensionados.
A su vez, insistió en que actualmente se llevan cabo lograr la normatividad, tener un reglamento interno en el que colaboró la CE y otras instancias, además de dar tranquilidad que los procesos que hoy se llevan a cabo están ajustados a norma.
Ante la exposición de casos, el Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, mencionó que los trabajos de la CE generan líneas distintas a las que su organismo había investigado, lo que nutre la carpeta que de manera conjunta han enfocado los esfuerzos a resolver esta situación.
Destacó la apertura del IPEJAL para las investigaciones y acceso a los documentos en el que, dijo, cuidarán las formalidades del procedimiento y aseguró coincidir en el abuso que tuvieron encargados que rebasan sus atribuciones.
“Ahora hay un soporte técnico muy importante que nos proporcionan en esta nueva denuncia y que se incorpora a lo que ya teníamos y nos resulta importante desde el punto de vista técnico porque nos dará sustento argumentativo ante el juez del control a la hora que tengamos ya esas audiencias donde podamos ir a formular esa imputación”, dirigió.
Se agregan investigaciones y trabajos a dar seguimiento a los temas de salud, servicios subrogados, de compras inadecuadas y en el ya tema ya denunciados a las pensiones doradas.

DENUNCIAS

Las acciones ejercidas en inversiones fueron el 11 de agosto de 2021 con el inicio del procedimiento administrativo en el OIC de IPEJAL por falta de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones; el 21 de diciembre de 2021 presentación de denuncia ante la fiscalía Anticorrupción.
En otros procedimientos y denuncias se han ejercido en el área de Jubilaciones en junio de 2021 inicio del procedimiento administrativo en el OIC de IPEJAL; en julio, septiembre y octubre del mismo año la presentación de la denuncia ante Fiscalía Anticorrupción.
En el área de subrogados, el 21 de octubre de 2021 el inicio del procedimiento administrativo en el OIC de IPEJAL y 28 de diciembre de 2021 la presentación de la denuncia ante Fiscalía Anticorrupción.