La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo de un Juez de Distrito, órdenes de aprehensión en contra de siete personas, entre ellos el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, así como el exsecretario de Estado, Genaro García Luna y exfuncionario de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino por su participación en el caso denominado “Rápido y furioso”.
La FGR, calificó este caso como una conducta criminal, tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible.
De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes.
Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país.
En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.
En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de Joaquín “G” quien, durante un largo lapso, fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas. Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro “G”, ex Secretario de Seguridad Pública Federal; así como de Luis “C”, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México.
Por lo que toca a Genaro “G”, existen ya dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo.
