En el colmo de la desfachatez, Mariana García Sosa, la cara visible de una de las empresas que comercializan con el ADN de personas desaparecidas, habría intentado vender la base de perfiles genéticos de cadáveres ya identificados para recuperar su inversión en octubre de 2018 nada menos que a Alejandro Encinas, el hoy Subsecretario de gobernación.
—Sostuvimos una reunión durante la transición. Llegó esta persona [García Sosa]. Me hizo el ofrecimiento de una base de datos genéticos, que se me hace una situación sumamente irregular, porque implica tener consentimiento de las personas que forman parte de esa base de datos y, por supuesto, que un documento o un archivo de esa naturaleza no puede comercializarse —confirma Encinas.
Revira la socia de Central ADN:
— No, no [fui a] ofrecérsela, jamás se la ofrecí.
—¿Cómo fue entonces?
—Le avisé lo que se había logrado juntar a través del primer comisionado [Cabrera Alfaro], porque yo me enteré de que el primer comisionado no estaba avisando de lo que tenía. Entonces, en una reunión que me invitan los familiares de desaparecidos, yo le expongo a Alejandro Encinas lo que tengo, con la finalidad de entregarlo.
Lo que ella plantea como casi un regalo, para identificar a los desaparecidos de México, otras fuentes —confidenciales por seguridad— lo recuerdan como una oferta de venta. Y hubo más de una. También se reunió con Karla Quintana cuando ya era comisionada Nacional de Búsqueda, pero ella dice que no aceptó quedarse con la información. Y aun antes, en 2017, su laboratorio le había lanzado otra oferta a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos entre 2015 y 2018.
—A mí me llamaba la atención que muchas de estas bases de datos eran oficiales. En ese momento, mi pregunta era ¿cómo podía un ente privado acceder a esa información? Y entonces, simplemente, no le di importancia y no tuve más comunicación —dice Campa Cifrián en entrevista.
Encinas desconocía el convenio entre Central ADN y la PGR pero anticipa que debe revisarse.
—Haber accedido a la base de datos CODIS incluso puede vulnerar lo que era el convenio de colaboración con el gobierno de Estados Unidos y la Iniciativa Mérida.
Una base de datos genéticos es más que números. Son personas que buscan: muestras de sangre y saliva de madres, hermanos, esposas, hijos. Son perfiles genéticos: la información que guarda un hueso o un diente en cada una de sus células. La esperanza de la permanencia, de no olvidar, de encontrar.
Y más valen la saliva, la sangre, los huesos, entre tanto que se ha perdido, en un país con morgues saturadas sin aire acondicionado y cuerpos en el piso; con miles de fosas, campos de exterminio y camiones cargados de restos donde a las familias les entregan pedazos de cuerpos en bolsas negras de basura, cadáveres equivocados o cenizas sin la certeza de que sean las del ser querido. La situación es tan severa que la ONU eligió a México como destino de la primera visita internacional en materia de desaparición forzada en noviembre de 2021.
En las conclusiones sostienen que las desapariciones siguen siendo generalizadas y la impunidad es casi absoluta.
En este caos forense, el país junto con organismos internacionales alistan un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Es decir, un camino de posibles soluciones que incluye la contratación —o no— de empresas privadas.
Y mientras, en el negocio de la muerte, los laboratorios privados sacan cuentas: hay cerca de cien mil personas desaparecidas y para cada identificación se requieren tres pruebas genéticas. En costos actuales, estamos hablando de 40 y 50 dólares por cada muestra de referencia y entre 400 y 500 dólares por analizar cada resto. El botín es gigantesco: multiplicar cien mil desaparecidos por tres pruebas, en cada caso, arroja una cifra tan alta que las calculadoras marcan error si se cuenta en pesos. En dólares son cerca de sesenta millones.
Suena el teléfono de Mónica, la mujer que busca a su hijo y esposo desaparecidos en Jalisco. Es un mensaje que repite el mismo libreto: “Nuestro laboratorio se llama Genolife. Le busco con la intención de que puedan apoyarme, busco poder vincular con los grupos adecuados para poder ofrecerles nuestro laboratorio para pruebas genéticas, perfiles de ADN, procesamiento de datos genéticos”.
Otros laboratorios privados aparecen en el limbo forense sin regulaciones, sin auditorías, sin leyes.
—Están en la cacería de poder hacer su negocio —resume Mónica.
Llegan nuevos mensajes, precios, ofertas.
La red de la empresa
Central ADN se fundó en 2013, en Morelia, Michoacán, pocas semanas después del regreso del PRI, con el presidente Enrique Peña Nieto. Tiene dos direcciones en Morelia y una en la Ciudad de México, en Polanco, y tres sitios de internet. El primer presidente de Central ADN fue Alfonso Fabriciano Gómez Sanz, pero en la actualidad aparece Jaime Raúl Aceves Hungar con ese nombramiento. En febrero de 2018 surgió una empresa similar a Central ADN, llamada Biotecnológica Somos ADN, S.A. de C.V. Los accionistas son casi los mismos: el publicista Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, el veterinario Diego Ulibarri Gómez y el empresario Alfonso Fabriciano Gómez Sanz. Entre otros miembros nuevos, se unió un genetista español de nombre Manuel Rey. Mariana García Sosa, esta vez, no está incluida..
Las bases de datos
No hay en México una base de datos genéticos exclusiva para buscar a personas desaparecidas. Los bancos genéticos existentes almacenan, comparan y confrontan registros de ADN que provienen de delincuentes convictos, escenas del crimen, restos humanos no identificados y personas desaparecidas. Todo junto. La primera base nacional se creó en 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, por recomendación de la ONU. En septiembre de 2009, en el marco de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos donó el software CODIS que usa el FBI, si bien se comenzó a usar hasta 2012.
Por ley, la FGR resguarda esta gran base de datos que envían las procuradurías, fiscalías y morgues a Servicios Periciales de la Fiscalía. En la actualidad contiene 69,300 perfiles genéticos, según una respuesta por transparencia. Desde 2010 existe otra base de datos, de la División Científica de la extinta Policía Federal (PF), un archivo que se heredó a la Guardia Nacional (GN) y cuyas muestras son, en su mayoría, de familiares de personas desaparecidas, que se han ido recolectando a petición de los colectivos de búsqueda. La base tiene 15,741 perfiles genéticos ingresados hasta ahora, según una respuesta vía ley de transparencia. El 1 de octubre del 2021 la GN adjudicó un contrato por casi 2.2 millones de pesos para el arrendamiento de una base de datos genéticos a Logística y Tecnologías para Laboratorios, S. A. de C. V., una empresa ubicada en la ciudad de Mexicali. Las pruebas que toma la GN se envían a los servicios periciales locales y al federal para que ayuden en la identificación de personas desaparecidas; los resultados no se entregan a los familiares.
Los nombres clave
Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo
Es publicista, asesor electoral y productor de cine. Es familiar de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el acta constitutiva de Central ADN aparece como secretario de la sociedad mercantil. En una asamblea extraordinaria a finales del 2020, los socios de Central ADN aprobaron la propuesta para transferir a Productora de Contenidos Inmersivos 115, S.A. de C.V., la totalidad de las acciones de Scherer Castillo, equivalente a 2 250 millones, y reconocerle su carácter de socio de la entidad que tiene como apoderada a Valentina Scherer Navarro. Además de esa compañía, por fuera de Central ADN, el publicista registró también en 2019 la empresa Tenedora de Proyectos 115, donde comparte el 50% de las acciones con Julio Javier Scherer Pareyón, el hijo del exconsejero jurídico de AMLO.
Mariana García Sosa
Es la cara visible de Central ADN. Cuando entró a la empresa aportó 750 mil pesos, de acuerdo con las actas en el Registro Público del Comercio; ahora cuenta con 2.5 millones de pesos en acciones. Aparte, tiene la empresa Helix-ID, creada en 2017; uno de sus apoderados es Víctor Rodríguez Neria, también apoderado legal de Central ADN. Al igual que otros socios, mantiene un perfil bajo en redes sociales, sin cuentas visibles de Twitter, Facebook ni Instagram. Ante las familias de víctimas de desaparecidos omite el apellido García.
Alfonso Fabriciano Gómez Sanz
Empresario michoacano, es pariente y socio de los Reyzábal, un clan de la alta sociedad en España y ostenta el título de Cónsul del Reino de España en Morelia gracias a un decreto de ley en el Congreso de la Unión de 2005, cuando Manuel Bartlett era senador. En el acta constitutiva de Central ADN aparece como presidente. Además es socio de un cúmulo de empresas inmobiliarias, de construcción y de crédito, algunas incorporadas al capital de Central ADN.
Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños
Exfiscal electoral durante las presidenciales de 2018: el Congreso lo eligió para sustituir a Santiago Nieto después de que el gobierno de Peña Nieto lo corriera durante la investigación del caso Odebrecht. Es profesor de la UNAM y del IPN.
Entró a Central ADN en agosto de 2020 con un capital de casi dos millones de pesos y su empresa WeConnect ADN S. A. de C. V., que tiene entre sus propósitos administrar bases de información genética. Renunció a Central ADN en octubre de 2021, según consta en un acta ingresada al Registro Público de Comercio. Antes de irse firmó contrato de compraventa de acciones (1,890,000 pesos) con la Productora de Contenidos Inmersivos 115, cuya apoderada es Valentina Scherer Navarro.
Diego Ulibarri Gómez
Es veterinario especializado en caballos y empresario. Tiene 49 años y es originario de Morelia. En su perfil de LinkedIn aparece como director corporativo de Central ADN y Somos ADN. Firmó el convenio de la PGR cuando entraron tres computadoras Lenovo que se instalaron en el Laboratorio de Genética Molecular más importante del país. Su hermano Salvador Ulibarri Gómez, egresado de la Universidad Iberoamericana, es socio de Grupo Cantabria, incorporado a Central ADN.
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