La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió la solicitud de medidas cautelares formulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en contra del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la presunta utilización indebida de recursos públicos, derivado de las manifestaciones hechas en el evento “Tres Años de Gobierno” el pasado 1° de diciembre, relacionadas con el proceso de Revocación de Mandato, con la finalidad de incidir en la preferencia ciudadana. 

Bajo la figura de tutela preventiva, el PRD solicitó hacer un llamado al Ejecutivo Federal para apegarse a las limitaciones constitucionales a que está sujeto y dejar de promocionar el ejercicio en sus presentaciones públicas.

En sesión virtual, la Comisión determinó procedente la solicitud, ya que, desde una perspectiva preliminar y en apariencia del buen derecho, el Titular del Ejecutivo Federal realizó  promoción indebida del proceso de Revocación de Mandato que, posiblemente se lleve a cabo el próximo año, al invitar el mandatario expresamente a la ciudadanía a participar, contraviniendo con ello la normativa constitucional y legal, y los principios de imparcialidad y neutralidad, así como al deber de cuidado para no influir de manera indebida en dicho proceso.

La Comisión destacó que no se trata de hechos aislados, pues el Presidente de la República no es la primera vez que emite expresiones relacionadas con el proceso de Revocación de Mandato, que son aparentemente ilícitas, pues el pasado 8 de noviembre de 2021 la Comisión emitió un llamado al Ejecutivo Federal y a servidores públicos en general para que ajustaran su contenido a fin de no infringir la norma electoral, derivado de las expresiones realizadas en las conferencias de prensa matutinas del  3 y 5 de noviembre pasados, en las que el Presidente de la República aprovechó espacios de comunicación pública y oficial para pronunciarse en torno a la Revocación de Mandato y promover su participación ciudadana.

Por lo anterior, el órgano colegiado concluyó, en apariencia del buen derecho, que tiene una base cierta y objetiva para considerar la inminente continuación o repetición de este tipo de actos en días posteriores a la emisión de esta medida cautelar; lo que podría ser delicado y grave, si se toma en cuenta que actualmente se está en la fase de recolección de firmas para de dicho proceso.

Por lo tanto, la Comisión ordenó al Presidente de la República que, desde que sea notificado sobre la procedencia de la medida cautelar y, hasta concluida la jornada de consulta de Revocación, en caso de realizarse; se abstenga de efectuar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre este proceso de participación ciudadana.

De igual manera, se ordena a la Consejería Jurídica; a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería; al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), y a cualquier otra persona servidora pública que participe dentro de cualquier formato informativo oficial, se abstengan de presentar, difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital, según correspondan a sus funciones, cualquier promoción al proceso de Revocación de Mandato,  así como de aquellas que vulneren los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, en cualquier espacio o medio de comunicación.

Finalmente, la Comisión concluyó que, respecto a la posible utilización indebida de recursos públicos, no puede pronunciarse, pues atañe al fondo del asunto, lo que es competencia de la Sala Regional Especializada.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.