Una conferencia Mañanera, solo que en horario vespertino, fue lo que se vivió el pasado miércoles 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Datos falsos o engañosos sobre temas como transparencia, fracking, seguridad y empleo, fueron incluidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje por el tercer año de su gobierno, a través del cual destacó algunas acciones y cifras logradas por su administración, muchas de las cuales simplemente no se pueden contrastar, pues el gobierno federal es la única fuente de información.
En un minucioso ejercicio realizado por el equipo de Animal Político, se contrasta la información proporcionada por el presidente en su multitudinario mitin, y lo que el grupo de periodistas pudieron verificar por ejemplo, de regreso de alumnos y profesores a clases tras el confinamiento, beneficios por entrega de créditos o nivel de avance y mantenimiento de obras.
A continuación comparto algunas de las frases verificadas por El Sabueso de Animal Político:
Frase: “Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica… El vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos… Ya no aplica el ‘mátalos en caliente’”.
Calificación: Falso
El presidente negó que se esté “militarizando al país”, pero cifras y hechos muestran lo contrario.
Para empezar, el gobierno del presidente López Obrador ha movilizado a más 80 mil elementos del Ejército para realizar labores en apoyo a la seguridad pública y combate a la delincuencia. Esta cifra duplica lo registrado en sexenios anteriores.
Por ejemplo, durante el gobierno de Felipe Calderón se alcanzó una cifra máxima de 52 mil 690 soldados desplegados en 2011. La cifra en el tercer año del gobierno de López Obrador es 52% mayor.
Lo anterior, según las cifras que la misma Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), compartió con Animal Político mediante una solicitud de información.
A esto, hay que sumar a los elementos de la Guardia Nacional que aunque por definición son una policía civil, más del 75 por ciento de sus integrantes son militares en activo de las fuerzas armadas.
Además, un análisis realizado por expertos del CIDE y la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) denota que en los últimos años a las Fuerzas Armadas se les han asignado, “facultades que nada tienen que ver con disciplina militar”. Entre éstas están: salud, educación, obras públicas y política social. Lo que conlleva a que los militares también absorban el presupuesto originalmente destinado a instituciones civiles.
En la misma línea, el presidente aseguró que la pacificación del país se está realizando “sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres, sin cometer torturas, sin desapariciones forzadas” y dejando atrás el “mátalos en caliente”; pero lo cierto es que la letalidad del ejército ha aumentado bajo el mandato de López Obrador.
Datos de la Sedena revelan que en el actual gobierno por cada civil herido hay seis que pierden la vida a manos del Ejército. Esta cifra es mayor que a la del gobierno anterior, donde el registro era de cinco civiles muertos por cada uno que resultaba herido. Con Calderón se reportaban 7 muertos por cada lesionado.
Las mismas cifras muestran que durante el gobierno de López Obrador el ejército mata a 26% más civiles de los que detiene. Brecha superior a la registrada con Peña Nieto (10.9%) y Felipe Calderón (18.21%)
Y si hablamos de violación a los derechos, resulta que desde el 1 de diciembre y hasta abril del 2021 se habían presentado 1,742 quejas contra miembros de Fuerzas Armadas, según datos de transparencia solicitados. También se han documentado casos de tortura, secuestro y violaciones en las que estuvieron involucrados funcionarios estatales y federales de la policía.
Frase: “Está por comenzar la construcción del parque de generación de energía solar en Puerto Peñasco Sonora”
Calificación: Engañoso
El gobierno anunció la creación de una planta de energía fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, pero dicha obra no tiene ni presupuesto asignado, ni se ha publicado un plan. Es decir, como tal no “está por comenzar”, como dijo el presidente.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dijo a medios que el proyecto tendría licitación internacional y q la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá 9 mil millones de pesos.
Pero en el presupuesto de egresos de la CFE y de la Secretaría de Energía (Sener) no se etiquetó al proyecto. Tampoco se etiquetó en el Plan de Negocios de CFE para 2021-2025.
Sobre este tema se le preguntó a la CFE, la Sener y a la oficina de presidencia, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.
Santiago Arroyo, Rosanety Barrios, Ramsés Pech y Severo Mestre, todos especialistas energéticos, coinciden en que no tiene sustento decir que la obra ya está a un paso de realizarse y en que no hay presupuesto etiquetado. Aún así, dijeron, CFE podría llevarla a cabo, aunque con procedimientos más opacos, sin dar mayor explicación sobre el proyecto.
Por ejemplo, se podría utilizar dinero del fondo del fideicomiso maestro de la CFE, del que no se sabe cuánto dinero tenga actualmente. Podría evitarse una licitación y promoverse con financiamiento privado. También podría calificarse como obra estratégica para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté obligada a dar recursos, sin pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados.
Frase: “Hay transparencia plena y derecho a la información”
Calificación: Engañoso
Apenas el pasado 22 de noviembre el presidente emitió un acuerdo para que los proyectos y obras prioritarias de la actual administración cuenten con permisos provisionales y sean clasificados como un asunto de seguridad nacional, un motivo por el que se puede reservar información sobre éstas, por lo que el INAI ya lo analiza y explora las vías legales para asegurar el acceso a la información.
Al respecto, se consultó especialistas en derecho y transparencia, quienes señalaron que el acuerdo es “inconstitucional” y abre “una puerta para reservar la información asociada a todas estas obras”.
En los primeros años de la actual administración se declararon como reservados o confidenciales documentos e información sobre el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, sobre los decesos por suministro de heparina sódica en un hospital de Pemex, detalles sobre la explosión en Tlahuelilpan, en Hidalgo, el operativo contra Ovidio Guzmán, información sobre la venta del avión presidencial, entre otros.
Además, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 las quejas de ciudadanos inconformes ante el Instituto Nacional de se incrementaron en 56 por ciento en comparación con lo registrado hace cinco años.
De acuerdo con el mismo INAI, el Poder Ejecutivo y los sindicatos son las figuras que más opacidad han mostrado; la Oficina de Presidencia tiene los niveles de acceso a la información pública más bajos desde 2003.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el gobierno federal no ha desarrollado mecanismos especiales que permitan monitorear las compras públicas durante la pandemia y no se cuenta con información completa y de calidad sobre lo adquirido en la emergencia sanitaria.
En marzo pasado, la organización Artículo 19 expuso que en 2020 hubo 692 ataques contra periodistas, medios de comunicación y la libertad de expresión, pero el mandatario federal los acusó de ser un “movimiento conservador” que está en contra de su gobierno.
En aquel momento la organización respondió que los comentarios de López Obrador eran un intento de desviar la atención ante la incapacidad del gobierno federal de combatir los atentados contra los derechos humanos y proteger a los periodistas.
En agosto pasado, Artículo 19 reveló que de enero a julio de 2021 se registraron 362 agresiones contra la prensa y los principales agresores fueron agentes del Estado, quienes cometieron 134 ataques, es decir el 37.3% de ellos.
“La transparencia sólo está en el discurso y en la práctica no ha sido posible encontrar datos ni información importante sobre múltiples temas, vacunación, obras, presupuestos, contratos. Lo que hemos encontrado son bloqueos, censura de la información, bloqueos informativos, reservan información o que prácticamente la información no existe, son algunas de las respuestas que hemos encontrado principalmente vía solicitudes de información”, comentó Ricardo Reyes, coordinador Jurídico y de Pluralidad Mediática del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19.
“El acceso a la información y transparencia se ven obstaculizados con acuerdos y decretos presidenciales que supuestamente tienen las intenciones de agilizar trámites burocráticos. Pero sabemos el trasfondo que hay detrás de ello, censurar las vías formales de acceso a la información, es un atentado contra la democracia, contra la Constitución y tratados internacionales. No puede haber una democracia cuando nos encontramos con obstáculos como este”.
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