El Senado de la República aprobó, con 81 votos a favor, 10 en contra y una abstención, un dictamen que incluye en la Ley General de Salud, un tipo penal para sancionar el robo de vacunas, medicamentos e insumos esenciales para la protección de la población.
Las reformas establecen sanciones que van de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, al que por sí o por interpósita persona, se apodere de forma indebida de una o más vacunas que sean propiedad de las instituciones que constituyan el Sistema Nacional de Salud o aquellas incluidas en el Programa de Vacunación Universal.
La misma sanción se propone para quien se apodere de forma indebida de algún medicamento o de alguna ayuda funcional considerada como tal dentro de los insumas para la salud previstos en el artículo 194 Bis de la Ley.
De igual forma, el dictamen plantea la aplicación de una pena de tres a 10 años de prisión y una multa de trescientos a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien por sí o por interpósita persona, se apodere de forma indebida de las vacunas que tengan como propósito la inmunización en contra de un agente patógeno que haya dado lugar a pandemias de carácter mundial.
Esta sanción se aplicará también a quien se apodere de forma indebida de algún medicamento o alguna ayuda funcional cuando sea de uso esencial durante la acción extraordinaria en materia de salubridad general.
Por otro lado, cuando la persona que cometa alguna de dichas conductas sea servidora pública, se le aplicará una pena de cinco a 15 años de prisión y una multa de trescientos a tres mil veces la Unidad de Medida v Actualización.
Las y los senadores coincidieron en que lo más pertinente es sancionar el robo de vacunas y medicamentos mediante la creación de un marco normativo lo más preciso posible, sobre todo en materia de penas y sanciones.
A nombre de la Comisión de Salud, el senador Juan Manuel Fócil Pérez manifestó que esta reforma responde a un fenómeno que lacera la vida de las y los mexicanos, debido a que las vacunas e insumos médicos son elementos esenciales para la salud pública, así como para la mitigación de los efectos nocivos de la pandemia.
Al presentar un voto particular, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, dijo que es necesario reducir las penas que se establecen en el dictamen, pues el aumento de éstas no evita la reincidencia de los delincuentes y el incremento de los castigos tampoco corresponde a una disminución de los delitos.
En tanto, la senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, expresó que se necesita toda la fuerza del Estado para combatir una situación que pone en peligro la vida e integridad de miles de familias, toda vez que “tan sólo el año pasado el robo de medicamentos se disparó 82.5 por ciento”.
Del PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos dijo que con la reforma se otorgan herramientas a las autoridades para proteger el bien jurídico tutelado de la salud, ya que el robo de vacunas debe ser combatido para propiciar un entorno que favorezca el cumplimiento de la política nacional de vacunación universal de manera oportuna y ordenada.
La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, indicó que es importante que se regule y controle “los robos hormiga y masivos” de medicamentos e insumos, y no solamente de los que se usan contra el Covid-19.
Por Acción Nacional, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz planteó que se debe estructurar un sistema de monitoreo y distribución; “hoy vemos que nombraron a un militar para distribuir medicamentos y para resolver el robo y desabasto de medicamentos, “ojalá pueda resolver esta situación”.
Del PRD, el senador Antonio García Conejo dijo que esta propuesta es de gran importancia en el contexto actual; hoy, agregó, la inmunización y el seguimiento a las medidas de cuidado contra la Covid-19 son necesarias, con lo que se detendrá el crecimiento del mercado negro de vacunas y medicamentos para combatir la pandemia. El dictamen aprobado fue enviado a la Cámara de Diputados.
