La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, someterá a consulta jurídica la solicitud que le hicieron los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD para que interponga una controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México.
Al finalizar el debate que se llevó a cabo sobre este tema, Sánchez Cordero explicó: “quiero tener una opinión jurídica de nuestro órgano jurídico, con el objetivo de contar con los argumentos sobre el interés y la legitimación del Senado para promover la controversia constitucional”.
Manifestó que su duda es fundada y le dará puntual respuesta a esta petición, e informó que ya instruyó para que se realice el estudio jurídico correspondiente, pues, “no tengo una respuesta sobre la legitimación de este Senado para presentar la controversia”.
Refirió que la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad, se puede iniciar con el 33 por ciento de las y los senadores de la Cámara, y versaría sobre si el acuerdo vulnera o no los artículos 6, 49 y 134 de la Constitución Política.
Destacó que la presidencia de la Mesa Directiva representa la unidad del Senado, lo que implica escuchar a todas y a todos, “pero la unidad también se mantiene siguiendo los procesos legales, yo quiero ser muy transparente con ustedes”.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, asentó que el acuerdo del Ejecutivo tiene “una razón válida” para considerar de interés público los proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en las zonas en donde se llevan a cabo, pues se requiere respaldar a las regiones rezagadas.
En este sentido, agregó que el acuerdo impulsa el desarrollo sostenible, protege al medio ambiente, pero también busca agilizar los trámites, a fin de evitar que, por cuestiones burocráticas, se detengan las obras, y que al mismo tiempo se le otorgue confianza a los ciudadanos, instituciones y empresas que realizan estos proyectos.
Subrayó que alrededor de 80 legisladoras y legisladores que no están de acuerdo con que la presidenta de la Mesa Directiva presente, de manera unilateral, una controversia contra el acuerdo presentado por el Presidente de la República.
Dicha manifestación, explicó el senador, se sustenta en el hecho de que la interposición de algún medio de impugnación requiere un análisis previo, por el área jurídica competente, que pondere los argumentos orientados a sustentar la procedencia de la figura presentada.
En consecuencia, dijo, la Mesa Directiva requerirá de ese análisis para determinar la viabilidad o no de la interposición del recurso correspondiente, ya que del mismo deriva si la Cámara tiene o no interés legítimo para la presentación del medio de impugnación.
Además, enfatizó, esta Presidencia se rige en su actuación por los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, y, en tal condición, expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, asentó el legislador, debe observar de manera irrestricta que prevalezca el interés general sobre el particular o de grupo.
La actuación de la Presidencia de la Asamblea, acotó, está subordinada al voto del Pleno, por lo que iniciar la interposición de cualquier recurso de impugnación requiere de los votos de la mayoría.
Previamente, senadoras y senadores del PAN, PRI, PRD y del Grupo Plural entregaron a la Mesa Directiva, una solicitud para que la Presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, en términos de la representación legal que ostenta, pueda interponer una controversia constitucional en contra del acuerdo que emitió el Ejecutivo Federal.
En este sentido, el senador Alejandro Armenta Mier, de Morena, aseguró que la propuesta del Presidente está sustentada por una facultad constitucional y busca asegurar la soberanía energética de nuestro país, la cual fue desmantelada por los gobiernos anteriores. “Nosotros trabajamos para el pueblo, no para los intereses del capital extranjero a los que ha servido Acción Nacional”.
A su vez, la legisladora Lucía Meza Guzmán, de la misma fracción parlamentaria, afirmó que el Ejecutivo busca proteger las cuatro obras estratégicas del gobierno, las cuales detonarán el desarrollo económico de los estados más pobres del país. Se trata, dijo, de un tema de justicia social. “Nosotros no vamos a dejar obras inconclusas como la oposición, no somos iguales”.
También por Morena, el senador Eduardo Ramírez señaló que no hay una equidad y un crecimiento ordenado en el país, pues el sur está abandonado. Ese es el espíritu del acuerdo del Presidente, subrayó, que no tenga obstáculos para desarrollar la infraestructura en los estados que más lo necesitan.
Por Acción Nacional, el senador Julen Rementería del Puerto dijo que el acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, violenta los derechos de las y los mexicanos, por lo que 52 senadoras y senadores firmaron un documento para que la Presidenta de la Mesa Directiva promueva una controversia constitucional.
Del PRI, la senadora Claudia Edith Anaya Mota manifestó que el Senado está obligado a respetar, defender y vigilar que se cumplan los pilares de la democracia; por ello “exigimos que la Presidencia de la Mesa Directiva presente una controversia constitucional contra ese acuerdo, que constituye una violación al principio de división de poderes y transgrede las facultades del Congreso de la Unión”.
El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón aseguró que este acuerdo violenta la constitución política y representa un atentado directo al principio de división de poderes, pues excede la esfera de competencias que tiene el Ejecutivo Federal, al legislar en materia de obras y asignaciones, facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
A nombre del PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez fijó su postura a favor de mantener el orden constitucional, por lo que, desde su fracción, acompañarán la solicitud a la Presidenta del Senado, para que ejerza la representación jurídica que tiene para interponer la controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo federal.
A nombre del Grupo Plural, el senador Germán Martínez Cázares expresó que en materia de derechos humanos no se puede dar ni un paso atrás, “el militarismo no va a asesinar los derechos humanos, la democracia y el derecho de acceso a la información, la seguridad nacional la fijan las leyes y no la fija un decreto”.
