En respuesta a la farsa de elecciones nacionales orquestadas por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo en Nicaragua, ya Estados Unidos anunció este lunes más sanciones contra ese país que incurrió en toda una serie de ilegalidades para provocar que su dictador se mantuviese al frente del poder. Ortega, antiguo líder de la guerrilla marxista, consiguió su cuarto mandato consecutivo tras encarcelar a rivales políticos y reprimir a los medios de comunicación críticos en unas elecciones que suscitaron la condena internacional antes y después de su celebración.
Ante ello, el departamento del Tesoro impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve altos cargos del gobierno, entre ellos el viceministro de Finanzas, José Adrián Chavarria Montenegro; el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; y varios alcaldes a los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro acusa al Ministerio Público (fiscalía federal) de haber “arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua”.
El presidente estadounidense Joe Biden calificó de “farsa” los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega se impuso para un cuarto mandato consecutivo, junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, sin opositores de peso.
El secretario de Estado, Antony Blinken, había advertido que Washington estaba considerando la imposición de nuevas sanciones.
“El régimen de Ortega está usando leyes e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho al voto”, declara Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
“Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su círculo más estrecho de que apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia”, añade.
Las nuevas medidas de castigo implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles haberes de estas personas en Estados Unidos.
Las sanciones “no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para fomentar un cambio positivo de comportamiento por parte de las personas identificadas y del régimen autoritario que apoyan”, señala.
Ya el miércoles anterior, el presidente Joe Biden, había firmado el proyecto de ley que propone más sanciones y otras medidas punitivas contra el Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien extendió su poder en una elección que Washington ha denunciado como una farsa, dijo la Casa Blanca.
Las detenciones de decenas de políticos de oposición, incluidos aspirantes a la presidencia, prácticamente garantizaron que Ortega, un exguerrillero marxista, ganara un cuarto mandato consecutivo reforzando su control sobre el país centroamericano.
Ortega se burló el lunes por la noche de sus críticos estadounidenses como “imperialistas yanquis” y los acusó de intentar socavar el proceso electoral de Nicaragua.
Cuba, Venezuela y Rusia han ofrecido su apoyo a Ortega.
La reelección de Daniel Ortega para un quinto mandato en Nicaragua fue oficialmente condenada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y sus 34 miembros. Durante su 51 asamblea general, que tuvo lugar virtualmente, el órgano regional votó una resolución sobre “La situación en Nicaragua”, aprobada con 25 votos a favor.
Una resolución que se suma a las expresiones de condena de la comunidad internacional.
La Unidad Nacional Azul y Blanco, una organización opositora que forma parte de los movimientos de protesta nacidos en 2018, celebró al día siguiente esta descalificación por la OEA: “el reto en esta nueva etapa es lograr materializar este contundente rechazo al fraude perpetrado por Ortega en acciones concretas que logren el restablecimiento de la democracia en Nicaragua”.
Las fuerzas de oposición siguen pidiendo la inmediata liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento de las libertades públicas vulneradas, el retorno seguro de las personas exiliadas, y la celebración de un nuevo proceso electoral.
Después del anuncio de la victoria del líder sandinista el domingo 7 de noviembre con el 74,9% de los votos, la comunidad internacional ya había rechazado de manera casi unánime el resultado de los comicios generales.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había calificado la votación como una “pantomima electoral que no fue ni libre ni justa, y ciertamente tampoco democrática” horas antes de la publicación de los resultados.
Una declaración seguida rápidamente por las reacciones de los gobiernos de Costa Rica, Chile, Perú, Colombia, Uruguay y Panamá, que se negaron públicamente a aceptar los resultados.
El gobierno de Nicaragua rechaza las acusaciones de la OEA
El delegado de Nicaragua, Michael Campbell, fue el único de la OEA en votar contra la resolución que él calificó de “ilegal” e “inválida”.
“Hemos sido testigos de otro ataque contra el pueblo libre, digno y soberano de Nicaragua, que pasará a la historia como una de las peores agresiones contra la democracia” afirmó el representante nicaragüense en la 51 Asamblea General de la OEA.
El gobierno nicaragüense sigue celebrando el desarrollo de las elecciones con una participación superior al 65% de los 4,4 millones de votantes; sin embargo estas cifras son refutadas por los 1.450 observadores no oficiales movilizados en los colegios electorales. Pues la organización no gubernamental ‘Urnas Abiertas’ afirma, por su parte, que la participación alcanzó una media del 18,5% en Nicaragua.
MÉXICO
El viernes, México se abstuvo en la votación de una declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) que determina que las elecciones del pasado domingo en Nicaragua “no tienen legitimidad democrática” y se pide que el Consejo Permanente tome “acciones apropiadas” antes de fin de mes. Esto podría conducir a la suspensión del país centroamericano del organismo.
En su intervención ante los delegados de la OEA, la embajadora mexicana, Luz Elena Baños, explicó el sentido de su votación: “Ha sido posición constante de México no apoyar decisión alguna… que esté encaminada a aislar, intervenir o imponer algún tipo de sanción a un Estado miembro, pues ello está fuera de la competencia de la OEA. Sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas goza de tales atribuciones”. Además, recordó que las políticas de aislamiento nunca fueron eficaces.
Por otra parte, México objetó que en esta y otras resoluciones votadas en la Asamblea General se tomara en cuenta el sufragio de Julio Borges, designado por el autonombrado “presidente” de Venezuela Juan Guaidó su “canciller”. Este líder opositor fue reconocido como mandatario de Venezuela por varias naciones, empezando por Estados Unidos, durante la crisis de 2017, en su calidad de líder de la Asamblea Legislativa de su país. Pero a la fecha ya no lo es y varios miembros de la OEA han retirado ese reconocimiento.
Una de las muchas críticas para nuestro país provino de la exembajadora de México ante Estados Unidos, Martha Bárcena.
“Increíble que México se haya abstenido en esta votación cuando los candidatos de la oposición estaban en la cárcel. Un gobierno como el de @lopezobrador_, que llegó al poder tras defender derechos humanos y democracia, debería votar a favor”, indicó en Twitter.
Otra muy fuerte crítica al gobierno de México por abstenerse respecto a la crisis en Nicaragua fue expresada por la organización Human Rights Watch (HRW), que calificó de “vergonzosa y decepcionante” la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ello, el líder de HRW cuestionó las pretensiones de liderazgo latinoamericano del presidente de México, quien ha pedido reemplazar la OEA con un mecanismo “similar” a la Unión Europea (UE) y ha condenado el embargo de Estados Unidos a Cuba.
“López Obrador dice que quiere ser un líder regional. Pero no ha hecho ni el más mínimo intento de liderar en respuesta a la crisis en Nicaragua”, afirmó.
Independientemente de lo ya señalado, lo que sigue siendo digno de llamar la atención, es esa tendencia de Andrés Manuel a acercarse más a países como Cuba y su presidente Miguel López Canel, a Venezuela y hacer venir a su amigo el dictador Nicolás Maduro, a rescatar a Evo Morales de la justicia boliviana y ofrecerle asilo, y ahora apoyar con su abstención a otro dictador como lo es Daniel Ortega, al tiempo que pide la desaparición de la OEA y viaja a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para criticar el desempeño de la ONU.
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