En medio del escándalo por la boda en Guatemala de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  del Gobierno Federal con la consejera del INE, Carla Humphrey, que al menos ya derivó en el cese de una funcionaria del gabinete de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y siendo nuestro país ubicado apenas hace unos días como la quinta nación con mayor corrupción de 139 evaluadas, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se presentará hoy en la sede de las Naciones Unidas para presumir su estrategia de combate a la corrupción y la desigualdad. El chiste se cuenta solo. 

México es el quinto peor país del mundo en corrupción, de acuerdo con un ranking de The World Justice Project.

En su Índice de Estado de Derecho 2021, la organización ubicó al país en el ranking de Ausencia de Corrupción en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas, con una calificación de 0.26 en una escala de 0 al 1, donde el 1 es la mejor nota.

México se coloca sólo por arriba de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo, este último país es el peor evaluado.

La baja nota de México en corrupción se debe principalmente a la calificación que reciben los legisladores del país, de 0.10, mientras que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen 0.31 y la Policía y el Ejército alcanzan 0.33.

El ranking de Ausencia de Corrupción es uno de los componentes del Índice de Estado de Derecho; en éste, México recibe una evaluación de 0.43, lo que lo ubica en el lugar 113 de 139, un sitio menos que el año pasado, al igual que una décima menos.

En otros rubros considerados por The World Justice Project, México también se ubica al fondo de los rankings de Orden y Seguridad, con una nota de 0.53 y el lugar 130 de 139; Justicia Civil, con 0.37 y el sitio 131, y Justicia Criminal, con 0.29 y el puesto 129.

Y digo que “El chiste se cuenta solo”,  porque basta echar un vistazo a lo que ha sido el Gobierno de López Obrador en estos tres años en materia de corrupción, para entender el ridículo que habrá de protagonizar el Jefe del Estado Mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU, siendo que más de uno de los casos que citaré a continuación son conocidos a nivel internacional. 

Los videos de Pío 

En agosto de 2020, video en los que se ve a Pío López Obrador, hermano del presidente recibiendo dinero de manos de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien se había desempeñado como Director de Protección Civil y había sido nombrado zar anticorrupción para la compra de medicinas del gobierno federal, fueron difundidos y vistos por todo México y más allá de nuestras fronteras. 

Pero el presidente López Obrador dijo que, en ese caso se trataba de donaciones y no un acto de corrupción.

Triangulación de dinero de Conade

Desde que la exatleta Ana Guevara asumió la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tres empresas, en complicidad con las federaciones deportivas, son utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias.

En febrero de 2020, una auditoría del Órgano Interno de la Secretaría de la Función Pública reportó el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió en 2019 recursos federales del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. La revisión revela que el dinero del fondo fue comprobado con documentación “alterada, apócrifa y carente de validez fiscal” y que los recursos públicos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos, reveló una investigación de la revista Proceso.

Las casas de Manuel Bartlett

En agosto de 2019, una investigación periodística reveló que desde que dejó el gobierno de Puebla y se convirtió al lopezobradorismo, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, ha amasado, en familia, una fortuna que no parece corresponder con los ingresos de alguien que ha dedicado su vida a la política. Señalaron que en los últimos 18 años Manuel Bartlett, su pareja, e hijos, han construido un imperio inmobiliario con 23 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras del valle de México: Las Lomas, Polanco, Tecamachalco, la colonia Roma y la “milla de oro” en el Paseo de la Reforma.

La SFP investigó el caso y determinó que, de la revisión exhaustiva de sus declaraciones patrimoniales, se concluyó que no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad.

Tras el escándalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo a Bartlett y aseguró que se trataba de ataques y “un intento de desprestigio” por parte de “los conservadores” y de la “prensa fifí”.

El exdelegado Carlos Lomelí y sus negocios en el sector salud

En junio de 2019, el (ahora ex) delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños fue señalado de ser el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas que venden a gobiernos y que buscaba ser contratista de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la mega licitación de medicinas que convocó la oficial mayor de Hacienda y Crédito Público. Además, fue denunciado de ser el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el exfuncionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

A mediados de julio Lomelí Bolaños, renunció a su cargo y lo anunció él mismo en su cuenta de Twitter. A principios de septiembre, los Laboratorios Solfran y Lomedic, empresas de Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas por dos años y seis meses.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó el 15 de julio pasado que tenía siete investigaciones abiertas contra Lomelí y adelantó que existían indicios de que incurrió en conductas irregulares, por lo que podría ser sancionado.

El IMSS compra a empresa sancionada

En abril de 2020 el gobierno federal siguió un inusual procedimiento exprés, de apenas cuatro días, para asignar directamente un contrato por 93 millones de dólares a un proveedor que desde hace 20 años ha sido acusado de fraude, sobornos e incumplimiento. La empresa Levanting Global Servicios presentó una propuesta al IMSS para venderle hasta 3,000 ventiladores pulmonares. Ese mismo día la institución respondió que era viable asignarle el contrato y dos días después, el 30 de marzo, formalizó la adjudicación. La empresa expidió ese día una factura para cobrar 660 millones de pesos de adelanto, pese a que el contrato se formalizó hasta el día siguiente, 31 de marzo. El 8 de abril la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el dueño de esa empresa es Baldemar Pérez Ríos, un empresario guanajuatense residente en Houston que había sido sentenciado por fraude bursátil en Estados Unidos y por falsificación de documentos e incumplimiento de contratos en Pemex y en la CFE. Señaló que Baldemar Pérez fue investigado por la Función Pública por tejer una red de 30 “empresas fantasmas” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010, además de haber sido acusado de sobornar a funcionarios.

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