La iniciativa de reforma eléctrica desalienta inversiones de privados, frena las energía renovables y posiblemente aumente el costo de la electricidad, indicó Moody”s.
La agencia calificadora Moody’s advirtió que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene implicaciones crediticias negativas para el sector energético mexicano, ya que disminuye la transparencia operativa, desalienta inversiones de privados para generación, frena las energías renovables y puede aumentar el costo de la energía.
De ser aprobada, también es probable que la reforma detone disputas legales internacionales, afecte la competitividad de las inversiones extranjeras y se aparte de las prácticas regulatorias previamente acordadas.
Moody’s destacó que la eliminación de los órganos reguladores —la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE)— afectaría la confianza de los inversionistas porque debilitaría la transparencia y el marco institucional del sector.
La iniciativa de López Obrador busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la priorización del despacho de energía eléctrica desde sus plantas generadoras, incluidas centrales que utilizan combustibles fósiles, antes que centrales privadas de energía renovable y ciclos combinados, las cuales suelen ser más limpias y baratas. “La medida desincentivaría la inversión en generación de energía renovable, lo que probablemente aumentaría el precio de la electricidad.
Si bien el Gobierno de México podría subsidiar el aumento de los costos de la electricidad, los subsidios existentes ya han incrementado significativamente en los últimos años. Uno de los riesgos de la reforma eléctrica al utilizar la capacidad instalada de la CFE por encima de la energía privada renovable es que aumentaría la exposición de México a los precios y la disponibilidad de gas natural.
Según la Secretaría de Energía, los combustibles fósiles representaron aproximadamente el 74% de la generación eléctrica de México en el periodo enero-octubre de 2020, y de ese porcentaje, el gas natural representó alrededor del 81%.
Lo anterior, en un contexto en el que el país ha reducido la producción local de gas natural y las importaciones representaron el 72% del consumo total de gas en junio de 2021.
Por ejemplo, el fenómeno del vórtice polar en febrero de 2021 provocó un déficit de suministro de gas natural que incrementó los precios del gas, lo que generó sobrecostos de 2,500 millones dólares para la CFE, la mitad de los cuales fueron subsidiados por el gobierno mediante transferencia directa.
Entonces, en ausencia de mayores subsidios del gobierno federal, es probable que la liquidez de la CFE se debilite, ya que desde junio de 2021, por decreto, las tarifas solo pueden aumentarse de acuerdo con la inflación y no por los costos reales de la electricidad.
La propuesta de reforma no solo crearía un mercado eléctrico más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México hacia el logro de sus objetivos de energía limpia.
La iniciativa también indica que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica lo cual cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria.
Esta modificación puede tener implicaciones también en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo.
Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía. No olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética.
Además, el despacho queda sujeto a las decisiones de la CFE en orden de méritos de costo de producción, con base en requerimientos de seguridad y confiabilidad. Al no quedar definidos los parámetros de seguridad y confiabilidad, existe una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad para el despacho, pero lo que nos deja claro el resto de la iniciativa es que las energías renovables no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos.
Esto abre la puerta también a que tecnologías que no estaban siendo despachadas por su alto costo de generación, ambiental y de salud, como el carbón y combustóleo puedan ser despachadas de manera prioritaria. Poder quemar combustóleo resulta clave para el plan de refinación que es uno de los pilares de la política energética. .
El uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad significará que aumentará el precio de la luz. El alto costo de generación tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica que nos llega o en un mayor subsidio, que al final de cuentas sale del dinero público, es decir los impuestos.
También preocupa que desaparezcan los órganos reguladores del sector, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se integraría a la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía, que se incorpora a la CFE, lo cual podría abrir margen a la discrecionalidad en la toma de decisiones en el sector.
El hecho de que la CFE pueda funcionar como juez y parte en el sistema eléctrico nacional, deja mucho margen a tomas de decisiones que no necesariamente sean las mejores.
En ese sentido, se exige que la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase de ninguna manera la transición energética justa que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero del sector que, según el más reciente inventario de emisiones, es el que más aporta en el país y que genere las condiciones de acceso que permitan disminuir la pobreza energética en la que se encuentran más del 30 por ciento de hogares mexicanos.
Entender la energía como un área estratégica podría resultar positivo porque eliminaría el carácter mercantil de la electricidad y consideraría como un derecho. En ese sentido, lo público podría enfocarse a garantizar la satisfacción de las necesidades energéticas de la población que ahora mismo vive en situación de pobreza energética.
Lo problemático en esta situación es el cómo se garantiza ese derecho, porque el derecho a la energía no puede eliminar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. De esta manera, no hay oposicion al desarrollo de lo público en el sector eléctrico sino a las formas en que se propone su desarrollo, en detrimento de la salud de la población, el medio ambiente y la democratización de la energía a través de proyectos descentralizados.
@salvadorcosio1
