Vacunar a los menores de 12 a 17 años, como lo ordenó el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México, es una instrucción que desacatará el presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que no es un tema juzgado, de hecho ya advirtió que impugnará la decisión judicial, que pide a su gobierno modificar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, con el objetivo de incluir a los adolescentes. 

“Es una decisión de un juez, pero falta que se resuelva en otras instancias, no es definitivo y cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita no se puede hacer extensivo”, argumentó el Ejecutivo. 

En su descarga, López Obrador aseguró que a la fecha no existe una recomendación médica de que los menores deban ser vacunados contra el nuevo coronavirus.

“No es que no se quiera aplicar la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido, todavía no definen porque sí puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos esto lo ha explicado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell muchísimas veces”, refirió.

Dijo  que  no se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo. “Entonces para qué es el Estado y para qué es el Estado de bienestar, entonces legalmente esto se va a respetar pero al mismo tiempo se va a ir a la instancia correspondiente para aclarar…”, cuestionó.

Enfatizó que serán respetuosos de la legalidad, pero, dijo, la determinación del Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México “no implica parar la vacunación, todas las vacunas, y vamos a atender esto, no es así porque se presentan recursos, es una instancia todavía, no es cosa juzgada no está terminado el proceso”.

En este marco, López Obrador señaló que continúan las investigaciones para que México cuente con la vacuna Patria contra el nuevo coronavirus y que se le acaban de autorizar 180 millones de pesos al equipo investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para apoyar los trabajos.
“Al momento que tengamos esa vacuna, ya es otra cosa”, comentó.

Hay que recordar que un juez federal declaró que aunque el regreso a clases presenciales es voluntario, esto ya no es pretexto para que el gobierno federal no incluya a todos los menores de 18 años del país en la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19.

El juez Séptimo de Distrito en el Estado de México destacó que los niños y adolescentes del país deben ser considerados población vulnerable al Covid-19 en su variante Delta debido a que no han sido vacunados y a que con el regreso a clases están más expuestos, por lo que concedió una suspensión definitiva para que las autoridades sanitarias incluyan a los menores de 18 años en la política y comiencen a vacunarlos contra el Covid-19.

Si bien se advierte que el regreso a las aulas es voluntario; igualmente cierto es que, ese aspecto no puede considerarse como un parámetro que justifique que se continúe excluyendo de la ‘Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México’, a menores de dieciocho años”, señaló el juzgador.

“No debe perderse de vista que por las diferencias demográficas y socioeconómicas que imperan en el país, la movilidad de los menores que acudan de manera presencial a las aulas se puede presentar de diversas formas (a pie, en transporte particular, transporte público, transporte escolar, etcétera), lo que de suyo implica que en su mayoría tengan contacto con personas de diversas edades (adultos) que si bien pueden tener el esquema de vacunación completo, ello no es indicativo o sinónimo de inmunidad ante el virus, lo que incrementa el riesgo de contagio para los infantes y adolescentes, que al no estar inoculados pone el riesgo su salud hasta el grado de perder la vida”, añadió.

En su resolución, que puede ser impugnada por las autoridades federales como ya lo ha anunciado el presidente, el juez señaló que aunque el amparo fue solicitado por una menor de edad, concedió la suspensión para beneficiar a todos los menores del país porque se debe priorizar su derecho a la salud, al tratarse de un aspecto que aqueja a la colectividad y no sólo a la adolescente que tramitó el juicio de garantías.

En tanto, para reforzar el ordenamiento de un juzgado federal al Gobierno mexicano de vacunar a menores de 12 a 17 años de edad, las Diputadas locales del PAN, Itzel Castillo Almanza y Paola Coronado Ramírez, solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) su colaboración para realizar un pronunciamiento con respecto a la inoculación de niñas, niños y adolescentes en el esquema de vacunación que tiene el Gobierno Federal. 
En el escrito presentando por las Legisladoras albiazules ante la CEDH, se establece que la vacunación es un derecho humano universal, y no existe una razón para que los adolescentes de entre 12 y 17 años sean excluidos, sobre todo cuando existen pruebas científicas que pueden ser inoculados. 

En el documento presentado por las Legisladoras panistas Itzel Castillo y Paola Coronado ante la CEDH, se establece que la Política Nacional de vacunación contra el Covid19, en conjunto con el Programa de Inmunización con motivo de la Pandemia de esta enfermedad, que inició el Sector Salud en enero del 2019, en la que no se autoriza aplicación de la vacuna Anti – Covid19 Pfizer/BioNTECH para el grupo etario a partir de los 12 años de edad, es discriminatorio.  
“Realiza actos discriminatorios para dicho grupo, vulnerando el derecho humano a la salud y a la vida; lo que genera afectación al grupo de menores de 12 a 17 años de edad”, agrega el escrito. 

Bajo ese concepto, precisa el documento, es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud contenida en el numeral 4 constitucional, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin. 
“Asimismo el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, disponen lo siguiente: los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, se indica. 
En base al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se añade, el Derecho a la Salud impone al Estado las obligaciones de garantizar que sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar las medidas para su plena realización. 
“Del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia”, apunta el documento. 

Asimismo, establece que la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud. 
“Y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él”, resalta. 

En este sentido, puntualiza el escrito expuesto por las Diputadas Itzel Castillo y Paola Coronado ante la CEDH, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben de ser deliberadas y concretas. 

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