Un asunto basado en un absurdo legal, pero sobre todo en un pleito político entre algunos personajes de las anteriores administraciones de la ciencia mexicana y la actual directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, desde que asumió este encargo bajo la égida de la 4T, ha abierto la caja de Pandora que no se sabe a ciencia cierta qué tanto desencadenará ni hasta dónde podrá llegar; lo único cierto es que el tema se ha colocado en el ojo del huracán y todavía podemos encontrar muchas más “sorpresas” de las que nos estaremos enterando en los subsecuentes días. 

Pero para entender lo que está ocurriendo en este asunto, hay que contextualizar que todo derivó de la denuncia que la titular del Conacyt interpuso en contra de 31 académicos, a quienes habría acusado de autorizar el financiamiento de al menos 50 millones de pesos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.

A los exfuncionarios se les busca imputar además otros delitos por parte de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, tales como lavado de dinero y delincuencia organizada.

EL PLEITO POLÍTICO

Si bien la cuestión jurídica no tiene fundamento, la parte política es el asunto de fondo y esto tiene mucho que ver con las formas. Como dice el clásico: la forma es fondo. 

Uno de los objetivos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. era ser un órgano “autónomo” de “consulta” del poder ejecutivo, del consejo general y de la junta de gobierno del Conacyt, pero dicha autonomía y asesoría dejaron de existir en términos reales durante buena parte del gobierno de Peña Nieto, durante la gestión de Enrique Cabrero como director general del Consejo, época en la que José Franco, del Instituto de Astronomía, de la UNAM, fue coordinador del Foro.

Durante la gestión de Franco el Foro se convirtió en prácticamente un órgano de adulación de las políticas del Conacyt, desaparecieron las propuestas analíticas y críticas que eran comunes en las gestiones de anteriores coordinadores como Juan Pedro Laclette o Gabriela Dutrénit. Se supeditó la autonomía de una asociación civil a los intereses de su coordinador quien, a su vez, formaba parte de algunos de los comités de evaluación de proyectos de investigación y de divulgación del Consejo. 

En la gestión peñanietista del Conacyt, Julia Tagüeña Parga fue directora adjunta de Desarrollo Científico (el segundo puesto en importancia después de Cabrero); fue en esa área donde los recursos a la ciencia básica se redujeron de manera significativa, y los pocos recursos que hubo se dispersaron con varios meses de retraso.

Al menos en dos años no se otorgaron apoyos en estos campos, mientras que los recursos para empresas trasnacionales crecían de manera exponencial. 

El Foro nunca cuestionó esta ineficiencia administrativa y la política equivocada que afectó a muchos científicos en el país, principalmente de Instituciones de Educación Superior. Perdió una buena parte de su autonomía y de su capacidad de interlocución. 

Desde la campaña electoral de 2018 el gobierno peñanietista sabía que perdería el poder y que Álvarez-Buylla llegaría al Conacyt, como lo anunció López Obrador en el debate presidencial. Durante los meses de transición, como coletazo de la mancuerna Cabrero-Franco se impulsó la llegada de Tagüeña Parga al frente del Foro Consultivo. 

Colocar a la responsable del área más golpeada de la ciencia mexicana al frente de un órgano consultivo que debería “trabajar” con la nueva administración parecía un despropósito monumental. Ante esta torpeza, falta de pericia o manipulación política, la comunidad científica se quedó callada. 

Ninguno de los integrantes de la mesa directiva del Foro (entre los que se encuentran representantes de la UNAM, UAM, IPN y otras Instituciones de Educación Superior) no hubieran comentado con Álvarez-Buylla la selección de Julia Tagüeña como nueva coordinadora a finales de 2018.

Tradicionalmente, los directores del Conacyt siempre eran informados y hasta consultados al respecto, pero en esa ocasión se cambiaron las formas. 

En mayo de 2019, en una comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, Álvarez-Buylla envió el mensaje claro: “Desgraciadamente, no se nos consultó acerca del nombramiento de la coordinadora…”. 

Cabe señalar que ninguno de los acusados por la FGR ha cuestionado públicamente las políticas científicas del actual gobierno. Es decir, el pleito no es por cuestionar al gobierno, simplemente se trata de agravios de incorrección política de la transición.

También debe quedar claro que no se trata de un ataque “a la ciencia mexicana” sino a una disputa política en contra de un grupo de exfuncionarios de administraciones pasadas del Conacyt y del Foro. Si hay responsabilidades de cualquier exfuncionario o servidor público, esto se debe investigarse caso por caso conforme al estado de derecho. 

Tradicionalmente, el Conacyt ha sido una de las instituciones más opacas de la administración pública y actualmente lo sigue siendo, independientemente de esto, las acusaciones actuales por otorgar recursos al Foro carecen de sustento jurídico. Por ello, la actual situación obedece, a todas luces, a un presunto ajuste de cuentas político, a un pleito telenovelesco de Álvarez-Buylla contra el Foro que ya ha durado tres años, aderezado por una visión sumamente prejuiciosa sobre la ciencia mexicana y la ciencia en general, que ha manifestado públicamente la funcionaria pública. 

Pero justamente esto es lo que más preocupa y lo más peligroso para la democracia mexicana y para las instituciones científicas y judiciales: el probable uso faccioso del sistema de justicia del Estado mexicano, al servicio de intereses políticos e ideológicos.

Las acusaciones de la FGR son desmesuradas y desproporcionadas: ha solicitado órdenes de aprehensión en el Cefereso Número 1 “El Altiplano”, mientras a los integrantes de cárteles de la droga y a sus familiares se les prodigan abrazos. Un absurdo jurídico y un despropósito político. 

Afortunadamente, a diferencia de muchos otros casos, ahora sí la comunidad científica y académica –entre los que se encuentran científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, El Colegio Nacional, las academias de ciencias, entre otros– se han manifestado públicamente en contra del monumental atropello y exigen que no se usen las instituciones con fines políticos. Enhorabuena, nunca había existido tal respuesta. 

Nunca en la historia de la ciencia mexicana había ocurrido tal solidaridad como la que hemos visto hasta hora que la Fiscalía General de la República (FGR), quiere encarcelar a ese grupo de exfuncionarios, administradores y algunos investigadores del desaparecido Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) por las denuncias interpuestas por la actual administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Con información de MVS

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