La desaparición del Seguro Popular suplantado por un espejismo llamado INSABI que no cubre las necesidades de la población, aunado al desabasto de medicamentos en instituciones públicas de salud, y la incapacidad económica de las familias para acudir a consultorios privados y hospitales particulares, contrasta con las bondades de estas relativamente nuevas opciones para satisfacer necesidades de salud, tales como medicamentos más baratos, horarios extendidos para brindar la atención sin citas, y la facilidad de encontrar uno casi en cada esquina, han permitido la proliferación de estos consultorios adyacentes a las farmacias, que aún cuando sean objeto de críticas, resuelven de momento una necesidad real para las familias en medio de la devastadora pandemia por COVID-19.
Una publicación de El Sol de México, refiere que entre 2018 y 2020, el porcentaje de personas en el decil más pobre de la población que buscó atención médica en consultorios de cadenas como Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro, Doctor Descuento, Benavides, entre otras, pasó de 13 a 20 por ciento.
En el mismo periodo, quienes se atendieron en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud (SSa) bajaron de 52 a 36 por ciento, revela un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) con base en información de las últimas dos ediciones de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
“Los consultorios de farmacia eran la opción más cercana que tenían las personas, no sólo de los niveles socioeconómicos bajos, sino las personas en general, cuando empezaban a sentir alguna sintomatología de Covid. La misma infraestructura de los consultorios de farmacias se vio en su momento rebasada por la cantidad de gente que acudía como un primer punto de contacto para buscar la asistencia médica”, explica Cristina Gutiérrez Delgado, consultora independiente y miembro de ISPOR capítulo México, una organización internacional de farmacoeconomía.
Los consultorios médicos de bajo costo adyacentes a farmacias tuvieron un crecimiento explosivo desde mucho antes de la pandemia.
Sólo la cadena Farmacias Similares, propiedad del político del Partido Verde, Jorge González Torres, contaba con seis mil 746 consultorios en 2019, cuando en 2010 tenía tres mil 925. En el mismo periodo, pasó de 45.3 millones de consultas a 110.9 millones, según cifras de la Fundación Best, a la que pertenecen estas franquicias.
Para 2020, el año que llegó la pandemia, el número de consultorios creció a siete mil 63, aunque las consultas médicas se redujeron a 107.6 millones.
Andrés Castañeda Prado, coordinador de la causa Salud y Bienestar de la organización Nosotrxs, explica que la explosión de los consultorios en farmacia tiene su origen en el año 2010, cuando cambió la normativa para la prescripción de antibióticos, que requería obligatoriamente de una receta médica para venderlos. Además, a la par empezó la política de medicamentos genéricos, lo que fomentó que hubiera más farmacias con medicinas a costos más accesibles para la gente.
A ello se suma la desatención del gobierno a los centros de salud de primer nivel. De acuerdo con Castañeda, desde 2010 tampoco ha crecido el presupuesto en salud en México, y además existe una disparidad en la asignación de los recursos: entre 80 y 90 por ciento del dinero se dirige al segundo y tercer nivel de atención y el resto al primer nivel, cuando 85 por ciento de las atenciones se dan ahí.
“Necesitamos duplicar el número de centros de atención primaria. Realmente hay una necesidad. Si las farmacias están duplicándose cada año y están llenas, eso quiere decir que claramente hay una necesidad que no está satisfaciendo el sistema público de primer nivel de atención”, explica el especialista.
A este hecho se suma que alrededor de 20 por ciento de las personas en México brincan de un año a otro de subsistema de salud. Un día pueden tener IMSS por su trabajo, pero al otro pierden el empleo y terminan en el sector informal y sólo con acceso a los servicios del Insabi (antes Seguro Popular). Además de que esto no permite dar un seguimiento al expediente del paciente (porque las distintas dependencias no comparten la información) y lo desincentiva a seguir asistiendo si la nueva clínica queda lejos de su casa.
“Contar con un servicio de médico general en un horario extendido y más cerca del domicilio de las personas lo convierte en un servicio más atractivo que tener que invertir una mañana o tarde o día completo en la unidad de medicina familiar o centro de salud”, explica Gutiérrez Delgado.
La pandemia no vino más que agudizar los problemas de antaño. Con el cierre de la economía, el desempleo creció y mucha gente perdió su seguridad social. La gente, por otro lado, consideró más seguro ir a la farmacia para evitar contagios de Covid que a una clínica del gobierno.
En medio de la pandemia, el gasto público per cápita en los servicios de salud del Insabi, destinado a población sin seguridad social, se redujo de tres mil 656 pesos por persona en 2019 a tres mil 299 en 2020 y a dos mil 911 en este año, revela un estudio del CIEP.
Tampoco hay medicinas. De acuerdo con el Informe de Transparencia en Salud 20192020, publicado por Nosotrxs y el colectivo Cero Desabasto, entre esos años se triplicó el número de recetas no surtidas en el IMSS (pasando de cinco millones a casi 16 millones), aun cuando el número de consultas en el país cayó en 45 millones en el mismo lapso por la pandemia.
Durante varios años, Cristina Gutiérrez trabajó en la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud federal. Ella tenía a su cargo el análisis de la ENIGH, que bianualmente publica el Inegi, para analizar las tendencias de gasto en cuidados de la salud. Comparte que durante 15 años de análisis de la encuesta se había visto una reducción en el gasto de bolsillo que hacen los hogares en salud.
La creación del Seguro Popular, enfocado en población sin seguridad social, explica parte del fenómeno. Todavía entre las ENIGH de 2016 y 2018, el gasto que hacían las familias en este rubro había caído 0.9 por ciento.
La última encuesta, levantada en 2020, entre los dos primeros picos de la pandemia, revela que el dinero que destinaron los hogares en atención de la salud se disparó 40.5 por ciento respecto a dos años antes.
No sólo eso. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid (Ensanut), 18.6 por ciento de los integrantes de los hogares entrevistados tuvo alguna necesidad de salud en los últimos tres meses previos a la entrevista; de ellos, 82 por ciento buscó atención, 81 por ciento la obtuvo, y sólo 34 por ciento se atendió en servicios públicos. La Ensanut 2020 también indica que los hogares más pobres destinaron 75 por ciento de su gasto en salud a pagar consultas de atención primaria y medicamentos.
En medio de la pandemia y la muerte de familiares y amigos, conocidos y vecinos, una mayor cantidad de mexicanos vieron en los consultorios adyacentes a farmacias una alternativa para acudir al médico y curar sus molestias, ya sea por síntomas relacionados con COVID-19 o para atender otro tipo de enfermedades. Así fue como el doctor Simi y otros salieron al quite ante la incapacidad del Estado de cumplir con el derecho a la salud que establece nuestra Carta Magna. Los más pobres fueron sus clientes más frecuentes.
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