Tras darse a conocer que México es el país que cuenta con el mayor número de orfandad por coronavirus en todo el mundo, al acumular entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2021, 141 mil 132 niños mexicanos que experimentaron la muerte de sus cuidadores principales a causa del covid-19, -esto incluye al menos a uno de sus padres o abuelos con custodia-, resulta preponderante conocer qué está haciendo el Estado mexicano y que políticas públicas ha dispuesto para apoyar a todos esos infantes no solo económicamente sino de forma integral.
De acuerdo con el estudio “Estimaciones mínimas mundiales de niños afectados por la orfandad asociada al COVID-19 y la muerte de los cuidadores”, publicado a finales de julio pasado en la revista médica británica The Lancet, México cuenta con el mayor número de niños huérfanos a causa del COVID por encima de Estados Unidos, India y Brasil.
Durante los primeros 14 meses de la pandemia, se estimó que más de 1.5 millones de niños sufrieron la muerte de sus cuidadores principales o la muerte de sus cuidadores secundarios, como sus abuelos.
De los 21 países estudiados en esta investigación, México registró la cifra más alta de menores en esta situación, pues se calcula que 33,342 menores sufrieron la muerte de su madre y que 97,951 perdieron a su padre; y se estima que 32 menores, perdieron a ambos padres.
Pero considerando también que muchos de estos menores perdieron a sus cuidadores secundarios, como sus abuelos o parientes mayores (de 60 a 84 años), la cifra de menores huérfanos en el país se eleva a 141,132.
El estudio precisa que la muerte de los cuidadores puede tener graves consecuencias, pues las evidencias muestran que los niños que atraviesan por esta situación corren un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental; violencia física, emocional y sexual; y pobreza familiar.
“Ahora es el momento de centrarse en un grupo que seguirá creciendo a medida que avanza la pandemia: los más de 1 millón de niños que han perdido a un padre y otro medio millón de niños que han perdido a un abuelo cuidador que vive en su propia casa.
“Estos niños sin nombre son la trágica consecuencia pasada por alto de los millones de muertos por la pandemia”, apunta la publicación.
A la fecha, el gobierno de México no ha dado a conocer un registro oficial de niñas, niños y adolescentes que, como resultado de la muerte de su padre o madre o incluso los dos, viven en orfandad, aunque en abril de 2021, en el Senado de la República, los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, estimaron que en el país había unos 185 mil niños huérfanos por el COVID-19.
La senadora Esthela Villarreal Zavala, solicitó al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas un programa nacional para la atención de infantes en situación de orfandad a causa de la pandemia.
En un punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la legisladora del PAN demandó acciones para asegurar la adecuada alimentación, protección social, atención médica, económica, psicológica y educativa de estos menores.
Pidió se elabore un registro para entender la dimensión del problema que enfrenta el Estado mexicano, identificar las políticas públicas que se requieren para resolverlo y otorgar apoyos materiales, alimenticios, médicos y educativos en beneficio de dicha población infantil que se encuentra en grave estado de vulnerabilidad.
La emergencia sanitaria ha sido tan rápida y compleja que no nos hemos detenido a pensar en la tragedia que viven niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus padres, a sus abuelos, tíos y hasta su familia completa, por lo que han quedado en la total soledad, indefensión y vulnerabilidad.
En México, dijo Esthela Villarreal, hay estimaciones serias de que la cifra de niñas, niños y adolescentes huérfanos por la Covid-19 podría llegar hasta 185 mil 150. Asentó que es indispensable que el Gobierno Federal y las entidades federativas diseñen un registro de menores de edad en orfandad, que sirva no sólo para el otorgamiento de apoyos materiales, sino para entender la dimensión del problema y las políticas públicas que se requieren para resolverlo.
A nivel mundial, existen programas para atenderlos, por ejemplo, en España se creó la Fundación Huérfanos CNP, dirigido a hijos de policías nacionales, y en Argentina un programa de acompañamiento a jóvenes sin cuidados parentales.
El pasado 26 de julio, en una publicación de The New York Times, la profesora de asistencia social para niños y familias en la Universidad de Oxford y la Universidad de Ciudad del Cabo, Lucie Cluver, subrayó que de acuerdo con cálculos de un grupo de expertos, en el mundo, cada 12 segundos, un niño pierde a un cuidador importante a manos del coronavirus.
En países como Estados Unidos ya existen servicios sociales sólidos para atender a los niños que perdieron a su cuidador. En otros países, que ya han padecido el paso de enfermedades devastadoras como el sida y el ébola, hay menos salvaguardias.
El riesgo para los niños en países donde los hogares multigeneracionales son parte de la cotidianidad y los miembros mayores de la familia tienen una fuerte influencia en el cuidado infantil podría ser más alto. En algunos lugares, a los niños que perdieron padres debido al ébola o el sida los cuidan sus abuelos, quienes son las víctimas más frecuentes de la COVID-19. Estos son justo los países, en África, Asia y América Latina, que ahora experimentan nuevas olas de infección.
En vista de que la cobertura de vacunación generalizada podría tardar años, el número de niños afligidos podría aumentar de manera exponencial en todo el mundo.
El sufrimiento y el futuro de estos niños son responsabilidad de la comunidad internacional. Otros brotes causantes de muertes masivas, como el VIH y el virus del Ébola, podrían mostrarnos el camino para salir de la crisis.
En 2003, Estados Unidos asumió un compromiso revolucionario con los niños de todo el planeta afectados por la epidemia del sida. Decretó que el 10 por ciento del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA, también conocido como PEPFAR por su sigla en inglés, se destinaría al apoyo de niños cuyos cuidadores principales hubiesen fallecido o estuvieran contagiados. Este programa sigue apoyando a las familias que se ocupan de niños que perdieron a sus cuidadores, lo cual ayuda a impedir que los niños sean llevados a instituciones.
También proporciona fondos a hogares para cubrir gastos de alimentos y otras necesidades básicas de los niños. Existen programas de paternidad que ayudan a prevenir la violencia, mejorar las relaciones y la salud mental, así como subsidios para que los niños, y sobre todo las niñas, puedan ir a la escuela. Dieciocho años después, esta orden judicial sigue manteniendo el apoyo de ambos partidos, y el programa aún invierte cientos de millones de dólares en cuidados seguros, estables y cálidos basados en una estructura familiar. La evidencia sugiere que programas como este ayudan a los niños a avanzar en la escuela y a mejorar su salud física y mental.
El mundo necesita una iniciativa parecida al PEPFAR que pueda ofrecer la misma clase de apoyo a los niños afectados por la COVID-19. Y México necesita preocuparse y ocuparse de este nuevo sector de la población.
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