Una vez más, el gobierno en turno está equivocando la estrategia. En esta ocasión frente al tema del gas LP, dado que ha dispuesto una política de topes máximos a los precios, que de entrada no beneficiará a las familias de más escasos recursos como pretende, ya que inhibirá la inversión y provocará desabasto del combustible en las zonas más alejadas de las ciudades y cabeceras municipales del país, a donde es más difícil transportar el gas LP. Además, las autoridades y las empresas distribuidoras formales se expondrán a prácticas de extorsión de agentes irregulares, como sucedió con la protesta de la semana pasada de los llamados “comisionistas” contra la política de precios máximos.

Así lo ha advertido Susana Ivana Cazorla Espinosa, socia fundadora de la empresa de consultoría SICEnrgy, en entrevista con Marco Mares del portal “Fortuna y Poder”. La experta refiere que la disposición de la Secretaría de Energía (Sener) que turnó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) una directriz para fijar precios máximos al gas LP –a partir del 1 de agosto— no es una política nueva, sino la repetición de políticas del pasado que no dieron el resultado esperado.

Primero, recordó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía que importar el gas LP para consumo nacional a precios más altos de los que lo podía vender, precisamente para controlar la tarifa al consumidor. De esta forma se tenía que otorgar un subsidio, con cargo a las finanzas públicas.

“Pemex no podía vender al mismo precio, lo compraba caro y lo vendía barato. Esto implicó, entre 2001 y 2015, pérdidas económicas por 200,000 millones de pesos (mdp)”, dijo la experta.

No obstante, el control de precios no hizo que las familias que cocinaban con leña dejaran esa fuente de energía y adoptaran el gas LP. De ahí que actualmente 77% de los hogares mexicanos se abastecen de este combustible, mientras que 11% todavía utiliza leña. Solo una porción de 7% a 8% de los hogares consume gas natural.

Pero además, “una política de control de precios, con subsidios generalizados ayudan en mayor medida a los de más ingresos y a los negocios como fábricas, restaurantes y hoteles. Eso lo vimos con el control de precios previo a la liberación de 2017, ya que solo 24% del subsidio estaba dirigido a familias de menores recursos”.

Además, la nueva directriz establece precios diferenciados controlados para 145 regiones, lo cual constituye una medida arbitraria, ya que no considera los costos que plantean las entidades federativas en términos de transporte y almacenamiento.

“En México hay diferentes mercados, esta división el territorio nacional, sustentada en lo de hace 10 años, ya no tiene que ver con la dinámica del país. El regreso al control de precios no tendrá los resultados esperados, sino todo lo contrario”.

Una de las consecuencias inmediatas consistirá en que los distribuidores privados se verán forzados a respetar un precio límite que no permitirá cubrir sus costos de operación, con lo que dejarán de abastecer de gas LP en las zonas más apartadas, en donde radican varias familias de escasos recursos.

La empresa Gas Bienestar, para distribuir gas LP a precio asequible, es como un “Pepto Bismol” para aliviar un “dolor de cabeza”, ya que solo va a generar presiones a las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) que va a tener a su cargo la gestión de esta nueva compañía.

Así que lejos de aplicar un control de precios al gas LP o de crear una empresa estatal como Gas Bienestar, una política pública efectiva para promover un mercado más eficiente de gas LP deberá enfrentar las prácticas monopólicas, ampliar la base de empresas participantes y, en todo caso, otorgar apoyos al consumo pero focalizados en las zonas que más lo necesiten.

La experta refiere que una política de Estado encaminada a fortalecer al mercado nacional de gas LP, debe considerar un análisis sobre los factores internacionales y nacionales que influyen en el comportamiento volátil que recientemente han tenido los precios de este combustible.

Hoy día, el mercado internacional de los energéticos está influenciado por la participación de Estados Unidos como un activo exportador de gas propano y butano –componentes del gas LP—, al tiempo que China ha elevado su demanda de gas propano para usos industriales, lo cual ha aumentado la demanda de este combustible y por tanto ha impulsado los precios.

“No parece que vaya a cambiar esta situación y nos deja a nosotros como consumidores sujetos a esta dinámica”, comenta Susana Cazorla.

En el contexto nacional, hay que tomar en cuenta que “históricamente” el mercado mexicano está concentrado en pocos participantes, poco más de 250 empresas, que administran más de 1,200 plantas de distribución de gas LP, lo que también explica el aumento de precios.

Actualmente la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene una investigación en curso para definir si existe o no existe una situación de competencia real en el mercado mexicano, la cual todavía no concluye, pero el gobierno federal se adelantó y tomó la decisión de aplicar la política de precios máximos al combustible desde el 1 de agosto, así como crear la empresa Gas Bienestar.

“La regulación debía venir de la declaratoria que haga la Cofece. Ellos saben cómo dividir al territorio para analizar la concentración ilegal de grupos”, refiere Susana Cazorla.

La Cofece “tiene sus tiempos” y comenzó de oficio la investigación en mayo pasado para hacer la declaratoria de ausencia de competencia, que constituye “el procedimiento más rápido que tiene y su fecha de vencimiento es en diciembre”, explica la especialista.

Hasta entonces se conocerán los resultados de la investigación y las recomendaciones del organismo antimonopolios, pero las autoridades federales no quisieron esperar.

Luego entonces,  la experta considera que Gas Bienestar se trata de un paliativo que tampoco servirá para impulsar hacia abajo los precios del gas LP y solo va a generar presiones a Pemex, que nunca se dedicó a la distribución de gas LP, sino al suministro al mayoreo. Ahora va a tener una empresa subsidiaria, que no sabemos si tendrá plantas”, refiere Susana Cazorla.

La eficiencia con la que funcione esta compañía dependerá de que tenga infraestructura como plantas de almacenamiento, vehículos de reparto y cilindros, “pero hay poca información para saber”, advierte la experta.

En lugar de promover estas políticas, sería preferible que las autoridades de energía impulsaran otra serie de medidas, como identificar a las empresas que controlan los mercados a nivel regional y “atacar de manera particular en cada región.

Las prácticas anticompetitivas radican en que las empresas obtengan “márgenes sobrenormales” de ganancia por las ventas del gas LP. En este sentido, sugiere que estas conductas pueden atacarse con la entrada de nuevos competidores en las regiones identificadas o bien con apoyos focalizados a las familias de más escasos recursos, en lugar de aplicar subsidios generalizados.

“Se puede pensar en un subsidio focalizado, como una tarjeta de 10 kilos o 15 kilos al mes y hacer un padrón ya estructurado” de beneficiarios, que sí podrá apoyar de manera efectiva, sentenció la especialista.

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