Mejorar la fiscalización de los recursos públicos para su óptima aplicación buscan las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso aprobadas por las diputadas y diputados de la Trigésima Segunda Legislatura.

La propuesta presentada por el diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos se enfoca en materia de funcionamiento, competencias y estructura interna del Congreso, entre las que destacan la armonización del órgano interno de control para que sea acorde al nuevo sistema anticorrupción.

Se reconoce a la Contraloría Interna del Congreso su calidad de órgano interno de control, incorporando dos figuras jurídicas: de autoridad investigadora de la Contraloría Interna y la autoridad substanciadora.

La Autoridad Investigadora de la Contraloría Interna se encargará de realizar las investigaciones de posibles faltas administrativas cometidas por los servidores públicos del Congreso, mientras que la Autoridad Substanciadora conducirá el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

En el Reglamento para el Gobierno Interior se prevé que el contralor interno tiene la facultad de autoridad resolutora, quien actuará en términos de la Ley en la materia de combate a la corrupción.

El legislador Ignacio Alonso Langarica Ávalos hace mención que el sistema anticorrupción modificado en la Constitución local contempla a los órganos internos de control insertados en los tres Poderes de la entidad, que tienen amplias facultades para cumplir de forma constitucional.

El iniciador consideró importante dotar de las facultades para conocer y realizar las acciones pertinentes en materia de corrupción a la Comisión de Participación Ciudadana, pues ello es eje rector de la prevención y el combate a las malas prácticas gubernamentales.