La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) informó que impulsa un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar la creación de una comisión especial que investigue el caso de espionaje a periodistas, activistas sociales y actores políticos en el sexenio pasado, mediante el malware “Pegasus”.
En un comunicado, la legisladora expresó que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto el software espía para dispositivos iOS y Android, mediante la cual es posible extraer datos de aplicaciones de mensajería digital como WhatsApp, Facebook y Viber, así como de correos electrónicos y navegadores, “se convirtió en un instrumento de persecución política bajo el argumento de ser una herramienta para perseguir criminales y terroristas”.
Refirió que, según una investigación de Amnistía Internacional y Forbidden Stories, cerca de 15 mil personas, entre los que se encuentran políticos, periodistas, abogados, activistas, fiscales, diplomáticos, jueces, médicos y académicos, han sido víctimas de espionaje por el software ‘Pegasus’, “lo que convierte a México es uno de los países con más casos”.
Dentro de las personalidades afectadas se encuentran cuando menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los que destacan su familia, el actual equipo de Presidencia, su gabinete y otros políticos como Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la contratación de un malware en México ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y fue instrumentado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien contrató el software NiceTrack.
Acotó que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera declaró, en conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Pegasus costó al erario 5 mil 914 millones de pesos, “monto que se deriva de la adquisición del software, mantenimiento, ventas a sobre precio y una red de corrupción orquestada desde el Gobierno Federal”.
Señaló que el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a los que está suscrito el Estado mexicano, establecen que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada”.
La Constitución refiere, en su artículo 16, la prohibición a la autoridad para molestar a persona alguna sin orden judicial y le da carácter de inviolables a las comunicaciones privadas; mientras que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales considera el espionaje como delito grave.
“Es por lo anterior, que se solicita respetuosamente expedir el acuerdo para que se cree una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía General de la República relativas a casos de espionaje a través del software Pegasus durante la administración anterior, cuyo objeto resulta violatorio y sancionado por nuestro marco jurídico”, expresó Pérez Segura.
Puntualizó que la comisión se extinguirá una vez cumplido su objetivo, por lo que habrá un proceso de transición entre las y los legisladores que la integren durante la LXIV Legislatura y quienes la integrarán durante la LXV Legislatura.
“Es preciso que la sociedad mexicana conozca a fondo todo lo relacionado con el proceso de compra del software multicitado, el mantenimiento y también los fines que se le dio a dicha información”, manifestó.
