Martín Ulloa Benítez es un añoso luchador social cuya significativa participación ha sido sobre la fundación de colonias populares en la capital nayarita, asentamientos humanos que el interés primordial es favorecer a personas con carencia de bienes y servicios básicos, es decir, relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido.
En entrevista, el hoy diputado local por el Partido del Trabajo (PT) alude al movimiento urbano popular que nace hace 40 años de las entrañas del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), organismo integrado por inquietos jóvenes (“hoy ya de la tercera edad”) con pertenencia a la Universidad Autónoma de Nayarit. “Fueron ellos quienes detectaron la urgente necesidad de vivienda en la capital del Estado”.
La mira, con base en investigación escolar, fue puesta en terrenos donde pudieron asentar (“la madre de todas las colonias”) la 2 de agosto mediante la invasión del predio en las postrimerías del gobierno estatal del coronel Rogelio Flores Curiel en 1981, conflicto que heredó el entrante gobernador Emilio M. González Parra.
Ulloa Benítez es explícito al indicar que don Emilio González, como gobernador de Nayarit durante el periodo 1981-1987, fue quien concedió facilidades a las organizaciones de solicitantes de lote para construcción de vivienda a través INVINAY, incluso INDECO (de orden federal), por ello fue posible en la capital nayarita la fundación de colonias como Tierra y Libertad, Prieto Crispín, Venceremos, Independencia, Niños Héroes y otras.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas, el diputado Marín Ulloa Benítez destaca que las organizaciones del movimiento popular promotoras de la construcción de vivienda encontraron serias dificultades cuando el INVINAY (ahora INPROVINAY) frenaba con diferentes argucias administrativas las gestiones tendentes a beneficiar a familias pobres. La preferencia de la dependencia gubernamental se inclinó hacia organizaciones priistas.
“No le daba solución a las gestiones de nuestras organizaciones, porque de alguna manera también politizaba el asunto. Sólo daba cabida a las solicitudes de la CNOP y la CTM, porque el partido oficial cuando igualmente detectó el agudo problema de la falta de vivienda inició la creación de sus propias organizaciones promotoras, unas dirigidas por Adán Zamora Tovar y otras por Rafael Mascorro Toro”, argumenta el entrevistado.
Prosigue: “Qué hicimos nosotros las organizaciones independientes o de izquierda, llamémosle de alguna manera, pues recurrimos al proceso de invasión de terrenos. Hablamos de finales de los noventa. Empezamos a invadir, pero la acción frenó cuando el gobierno estatal declaró a la invasión, al despojo, como delito grave, sin derecho a fianza. Nos paró, ya no pudimos invadir, porque sabíamos que la cárcel estaba de por medio.
“Vino entonces la ley agraria, en 1992, que al ejidatario posibilita vender su tierra, por tanto nuestras organizaciones entraron en forma directa al trato con el ejidatario. Ya no ocupábamos al INVINAY, hacíamos convenios en lo particular, se produce entonces una reacción súbita, un boom, formación de colonias aquí y allá, en el cerro, en la Laguna (ejido H. Casas), de manera indiscriminada. Ello provocó que en 1995, el Congreso del Estado a instancias del gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza aprobara la que nosotros bautizamos como “Ley Piro” (en referencia al apodo de Sigfrido de la Torre Miramontes, para entonces secretario general de Gobierno).
“Se decreta la “Ley Piro”, ley de asentamientos humanos que no es otra cosa que un dique en la autorización de desarrollos sociales progresivos en las colonias, es decir, prohíbe estrictamente la fundación de asentamientos humanos, hace imposible la creación de nuevas colonias, así de anticonstitucional la famosa “Ley Piro”. Enseguida se desató la represión del gobierno del Estado, se le aplicó desafuero al diputado local José Luis Sánchez González, y se recrudecieron acciones contra luchadores sociales, entre ellos tu servidor.
“También se registra como delito grave el fraccionamiento ilegal de inmuebles. Así transcurrieron cinco años, de 1995 al 2000, sin que nadie pudiese edificar una colonia, porque el riesgo era ser detenido y enviado a la cárcel. Sin embargo, arribó entonces en Tepic un gobierno municipal amigo, cercano al pueblo, y es cuando los hermanos Arce Montiel, miembros de la UPIN, logran fundar la colonia “Justino Ávila”.
El diputado Martín Ulloa Benítez, en el Congreso del Estado integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, destaca que en la actualidad las organizaciones promotoras de fraccionamientos sociales progresivos, interesadas en darle la vuelta a la ley que en la práctica prohíbe la construcción de colonias, han echado mano de la vía de la copropiedad. Explica: “Ya sabemos que en cada hectárea caben 50 lotes. Entonces, cada hectárea la convertimos en 50 acciones. Si compramos cuatro, cinco o diez hectáreas vendemos acciones no lotes. Supongamos: si son cinco hectáreas, son 250 acciones de copropiedad. El Código Civil federal y estatal te permiten por la vía de la copropiedad las compras de inmuebles a inmuebles. Estas cientos de personas además por la vía de la copropiedad se cooperan para integrar el expediente técnico que exige la ley a fin de autorizar la construcción de la colonia, de igual manera colaboran todos para la introducción del agua potable, servicio básico”.
Para llegar a tal fin, Ulloa Benítez asegura que deben de transcurrir siete años y medio. Es el tiempo que se lleva la autorización para erigir una colonia. Durante ese periodo el solicitante debe pagar su acción, entre otros. “Realmente el sector social más castigado es ese, el que no tiene acceso al crédito para la adquisición de una vivienda. Porque ninguna institución bancaria, ni el INFONAVIT, FOVISSSTE ni empresa privada te da crédito si no tienes manera de justificar ingresos, vía nómina. Los albañiles, los paleteros, los taxistas, la gran mayoría de los trabajadores de Tepic y Nayarit son subempleados, no tienen forma de justificar ingresos”.
El legislador petista sostiene que son ocho las organizaciones de solicitantes que se someten a la ley y al procedimiento “largo y tortuoso” para la autorización del nuevo asentamiento, pero en nuestros días han surgido organizaciones promotoras de vivienda “patito”, cuyo accionar es igual a antes del 95. Es decir: “Llegan, negocian con el ejidatario, una vez puestos de acuerdo, en ese momento lotifican y empiezan a ubicar a las personas y éstas a construir enseguida. Las autoridades municipal y estatal omisas, no intervienen, nada les dicen”.
Estas organizaciones “patito” actúan de manera ilegal, pero además la edificación de viviendas en terrenos no aptos, las endebles construcciones provocarán derrumbes con muertes por aplastamiento de familias enteras. Es por ello que diputados en funciones, locales y federales electos, han asumido la responsabilidad de enderezar el rumbo con la decida participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno. El legislador local petista entrevistado afirma que se trata de llegar arreglos conjuntos, “porque el problema no se soluciona mediante la represión, ni el encarcelamiento de quienes están al frente de organizaciones “patito”. No. Se trata de tapar el pozo antes que el niño se ahogue. Pero sucede que hace año y medio que pregonamos en el desierto, porque ninguna autoridad nos hace caso. Hay denuncias en diversas dependencias del Ayuntamiento de Tepic, SEDUE, SEDESO, INPROVINAY y Fiscalía estatal. Lo único que pedimos que dichas personas se conduzcan con estricto apego a la ley”.
Sobre el tema, el diputado Martín Ulloa Benítez dio a conocer que ha presentado al Congreso del Estado iniciativa de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial que, sí se aprueba, con toda seguridad contribuirá a destrabar nudos que provoca la misma norma.
