La Consulta Popular que se celebrará el 1ro de agosto ha estado rodeada de polémicas, intervenciones y discusiones por quienes están a favor o en contra. Por su parte, el bando conservador de la política mexicana, integrado por el PRI, PAN y PRD, aseguran que se trata de una simulación. Por otro lado, un amplio sector de la izquierda y la sociedad civil organizada, aseguran que es un mecanismo de democracia participativa que dará voz al pueblo.
Entre dimes y diretes, la realidad es que, este ejercicio está fundamentado en la Ley Federal de Consulta Popular, la cual, en su artículo séptimo indica que:
“(…) votar en las consultas populares constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos y ciudadanas para participar en la toma de decisiones sobre temas de trascendencia nacional o regional, competencia de la Federación”.
Seguramente se preguntarán, ¿de qué sirve una consulta popular? El doctor en Ciencia Política y reconocido escritor David Altman, resume de buena manera cuál es la finalidad del ejercicio:
“(…) involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales, pues parte de la idea de que las decisiones de gobierno adoptadas a partir de estos ejercicios tienen una mayor legitimidad que otras, pues la mayoría de la ciudadanía los respalda”.
Ahora, probablemente tendrán la interrogante, ¿esto es una ocurrencia del presidente López Obrador? La respuesta es: NO. Países de América Latina como Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia, desde hace décadas llevan a cabo este ejercicio. En el caso de Colombia, el 2 de octubre de 2016, los ciudadanos salieron a participar en la consulta que puso punto final al levantamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), después de 52 años. La ciudad de Berlín, en Alemania, también contempla las consultas populares desde 2006.
Al otro extremo, hay quienes podrían preguntarse ¿por qué en el PAN, el PRI y el PRD están en contra de la Consulta? Primero, porque de conseguir el SÍ del 40% de la Lista Nominal de Electores (LNE), es decir 37.2 millones de ciudadanos, podrían abrirse procesos penales a políticos y funcionarios públicos que hayan cometido algún delito impunemente. Y, en segundo término, porque de no conseguir el porcentaje necesario, saben que al menos se exhibirán testimonios y que comparecerán testigos del daño que hicieron; un juicio popular los condenará por corrupción, saqueo, desapariciones, asesinatos, etc.
En cualquiera de los escenarios, la participación de todas y todos los nayaritas será fundamental para que las víctimas de los crímenes de Estado en los sexenios anteriores, o los hijos y nietos de las víctimas tengan la oportunidad, al menos, de hablar. Para que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que los priistas, panistas y perredistas hacen de su dolor. Como lo dijo Alejandro Páez en su columna del 26 de julio para Sin Embargo:
“Votaré, claro. Y mi voto es SÍ, aunque la pregunta de la Corte se entienda un carajo y aunque sirvan de un carajo las sentencias que de allí emanen. Que nadie se salve, aunque sea simbólico, aunque sea apenas un raspón”.
