Escándalo, enojo, reprobación y también temor, es lo que ha derivado de la publicación de una investigación coordinada internacionalmente y que devela espionaje en contra principalmente de periodistas y defensores de derechos humanos en todo el mundo, estando entre ellos perfectamente posicionado el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, siendo que bajo su égida se habrían llevado a cabo este tipo de prácticas presuntamente con su aprobación, aunque el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechace los señalamientos. 

De acuerdo con la investigación en la que participaron periodistas de “Proceso”, al menos 10 gobiernos en el planeta han utilizado la plataforma Pegasus, el malware desarrollado por la empresa israelí NSO Group, en intentos de intervenir los teléfonos de más de 180 periodistas críticos y de sus círculos más cercanos. “Cuando lo lograron, accedieron a profundidad a su vida privada, a sus fuentes de información y a sus temas de investigación pero también a su geolocalización en tiempo real, a sus llamadas telefónicas y a sus mensajes, independientemente del servicio de mensajería.

Algunos de los periodistas de investigación más importantes de México, Azerbaiyán, Hungría, la India o Marruecos, así como cinco personajes cercanos del periodista saudita Jamal Kashoggi, figuran entre los más de 50 mil datos telefónicos seleccionados por clientes de NSO Group en su plataforma Pegasus desde 2016, los cuales fueron analizados por más de 80 periodistas de 17 medios en 10 países –incluyendo Proceso– en el marco de Pegasus Project, una investigación periodística internacional coordinada por Forbidden Stories, con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.

En varios casos, el espionaje por Pegasus –o por lo menos los intentos– solo representaba una parte de campañas de hostigamiento más amplias y más graves, las cuales incluyeron estrategias de difamación, encarcelamientos, golpizas o incluso acciones definitivas, como el sonado asesinato de Kashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, el 2 de octubre de 2018.

Durante meses, los periodistas que participaron en el Pegasus Project analizaron los datos telefónicos, a los que tuvieron acceso inédito Forbidden Stories y Amnistía Internacional, y realizaron más de 52 análisis forenses de los aparatos para detectar las tentativas de hackeo con Pegasus realizadas por agencias gubernamentales.

En México, agencias del gobierno de Enrique Peña Nieto seleccionaron, valiéndose de Pegasus, los números de teléfono de por lo menos 25 periodistas entre 2016 y 2017. Seis de ellos laboraban en Proceso en ese momento; otros formaban parte del equipo de Carmen Aristegui –también participante en el Pegasus Project– y destacaban por su trayectoria, como Marcela Turati, Alexandra Xanic, Ignacio Rodríguez Reyna, Ricardo Raphael, Luis Hernández Navarro o Yuriria Sierra. Otros, por su parte, estaban más identificados por su cercanía con el gobierno de Peña Nieto.

En una respuesta a un cuestionario enviado por Forbidden Stories en nombre de todos los medios participantes, NSO Group niega prácticamente todos los hallazgos de esta investigación. Tras denunciar una “narrativa falsa, preconcebida y altamente dañina para NOS Group” pone en duda la fuente, la base de datos y la metodología, y amenaza con demandar a los medios por difamación.

En su primer informe de rendición de cuentas, publicado en junio pasado, la empresa israelí indicó que tiene 60 clientes (es decir, agencias gubernamentales) en 40 países, es decir, un número de países más de tres veces mayor a los analizados en Pegasus Project. En dicho informe, NSO Group aseveró que Pegasus es usado contra personas “presuntamente involucradas en delitos graves y terrorismo”.

Sin embargo, los datos analizados muestran que clientes de NSO Group seleccionaron los números de por los menos 48 periodistas de Azerbaiyán, 4 de Baréin, 5 de Hungría, 41 de la India, 25 de México, 3 de Kazajistán, 39 de Marruecos –tanto periodistas de Marruecos como de Francia o de otros países que han trabajado sobre temas del Reino–, 4 de Ruanda, 2 de Arabia Saudita, 3 de Togo y 12 de los Emiratos Árabes Unidos.

Para los aparatos de inteligencia de los regímenes autoritarios, ya sea monárquicos o democráticos –al menos en el papel–, Pegasus se convirtió en una herramienta más de acoso contra los periodistas. De hecho, pocos periodistas estuvieron realmente sorprendidos de saberse espiados; muchos tenían ya la sospecha y usan cuidadosamente sus dispositivos para proteger sus fuentes.

En los datos del Pegasus Project, el gobierno de Enrique Peña Nieto, es el mayor usuario del software espía.

El gobierno de Peña Nieto utilizó de forma masiva el malware, en un sexenio durante el cual el país se convirtió en el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, un terrible lugar del que no ha descendido.

Durante los seis años de gobierno de Peña Nieto, la organización Artículo 19 registró 2 mil 502 agresiones contra periodistas –un incremento de 129% en comparación con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa–, los cuales incluyen 47 asesinatos.

Cecilio Pineda Brito, periodista en la conflictiva región de Tierra Caliente, en Guerrero, fue una de estas víctimas.

El día de su asesinato, Pineda había denunciado en su canal de Facebook “Cecilio Pineda, las noticias de un instante” –seguido por cerca de 50 mil personas– los vínculos entre el diputado local Saúl Beltrán Orozco, expresidente municipal de San Miguel Totolalpan, y Raybel Beltrán Jacobo de Almonte, mejor conocido como “El Tequilero”, líder de la banda armada “Los Tequileros”, que cometía secuestros y homicidios en la región.

En ese mismo video, el periodista –cuya carrera empezó en 2005 en Despertar del Sur y transitó por colaboraciones de nota roja en El Universal o La Jornada Guerrero– acusó al gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, de proteger a “Los Tequileros” y de encubrir sus crímenes en la región.

En aquel entonces, Pineda recibía amenazas de muerte a diario en sus redes sociales. Sus familiares dicen que su trabajo periodístico le provocaba crisis severas de ansiedad, ataques de pánico e insomnios; el hombre acusaba directamente a políticos, con nombre, apellido y apodo, por sus vínculos con “Los Tequileros”.

Pineda había sufrido un atentado el 18 de septiembre de 2015, por el cual entró en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; sin embargo, la instancia y el periodista acordaron cerrar el caso en octubre de 2016, porque Pineda no aceptaba su oferta de “extracción” hacia un refugio seguro.

En la última plática telefónica que sostuvo con sus interlocutores del Mecanismo –cuyo audio fue obtenido en el marco de esta investigación–, Pineda afirmó que se le “complica un poco” y que le parecía “muy precipitado” abandonar la región con su familia, y afirmó: “no salgo, no conocen mi ubicación, porque me he mudado de un lugar a otro (…) no saben donde vivo. Y por lo general tengo mis carros escondidos.