Una tercera orden de aprehensión ha sido ejecutado en contra del ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, esto por su relación al llamado “Caso PROSA”, donde se le acusa de retener y utilizar recursos públicos para gastos personales, así como políticas clientelares.

En relación a esto es de destacarse que a partir del pasado mes de diciembre de 2020, la Fiscalía de Nayarit informó que había obtenido orden aprehensión girada por juez de control local en contra del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones, y por 3 hipótesis de delito electoral previstas en el artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales.

Orden que hoy ha sido ejecutada aproximadamente a las 16:00 horas en el Cefereso 4 El Rincón, quedando a disposición –interno- de un Juez de Control local, lo que se sumaría a las 2 vinculaciones a proceso que ya tiene, una por delito federal de Operaciones con recursos de procedencia ilícita dictada por un juez de control federal; y otra por el delito de ejercicio indebido de funciones en agravio de en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).

Lo trascendente de este nuevo hecho es que la orden del Caso PROSA emana de una carpeta de investigación que inició ante la FEPADE por denuncia de diversos partidos políticos, en torno a un audio en el cual Roberto Sandoval daba instrucciones a una estructura de la campaña a Gobernador en Nayarit del año 2017, que cuando se entregaran apoyos de un programa social se mencionara el nombre del Gobernador, pero que después se acudiera y se promocionara el nombre del candidato Manuel Cota Jiménez y del PRI.

En el mes de noviembre de 2017, el entonces Fiscal de Delitos Electorales Dr. Santiago Nieto Castillo, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante una visita a esta ciudad, habría solicitado apoyo a la Fiscalía de Nayarit para culminar actos de investigación, porque a su ver ya estaba lista la carpeta para judicializar al ex Gobernador y otras personas por delitos electorales, lo que no pudo hacer porque fue removido del cargo.

El nuevo titular de FEPADE se declaró incompetente, y mandó la carpeta a la Fiscalía de Nayarit a comienzos del 2018, la que siguió trabajando por más de 2 años, misma que al parecer realizó más de 300 actos de investigación, hasta conformar 27 o 28 tomos, información con la cual logró solicitar la correspondiente orden de aprehensión.

Sobre el caso PROSA se sabe que las autoridades plantean que del año 2013 al 2017 el programa de seguro alimentario PROSA, habría operado mediante una organización formada por coordinadores, gestores y jefes de familia PROSA, con base en una estructura personal y familiar de Roberto Sandoval Castañeda, conformada por su círculo familiar, sus principales subalternos y operadores políticos, diputados locales y federales, todos del PRI, Delegados Federales, incluso Magistrados, titulares de instituciones u organismos autónomos, que tienen en común –todos- que fueron propuestos o designados en sus cargos por el propio ex gobernador.

Así mismo, gracias a las pruebas recabadas la Fiscalía de Nayarit logró acreditar ante el juez que libró la orden que en la práctica se desvió el fin del programa, y se utilizó como un mecanismo de obtención de recurso público y la captación de recurso de nómina de servidores públicos, a los que se les descontaba -en la mayoría de las veces- sin su consentimiento.

Todo con el fin de utilizarlo para beneficio del propio ex Gobernador, de otros servidores públicos, y/o para la entrega de despensas alimentarias con el fin de mantener una estructura política leal al grupo de Roberto Sandoval Castañeda; ello desde su comienzo en el año 2013, y hasta las elecciones del año 2017 que habría sido utilizado para la campaña a gobernador de Manuel Cota Jiménez del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Finalmente, se dio a conocer que el día de mañana Roberto Sandoval Castañeda será presentado ante el Centro Regional de Justicia Penal para que la Fiscalía Estatal le formule su imputación ante el Juez de Control, en una audiencia que se prevé dure alrededor de 10 horas.