La vacunación contra la Covid-19 en América Latina enfrenta distintos retos, muchos relacionados con el acaparamiento de vacunas de parte de países de gran poder adquisitivo. Sin embargo, otros contratiempos para las campañas de vacunación provienen de problemáticas regionales propias, como la corrupción y el tráfico de influencias. En este contexto, se denunció, en Perú, el Vacunagate, un escándalo por la vacunación irregular de altos funcionarios, aunque no es el único país de la región con casos así.
El 10 de febrero se dio a conocer en una investigación periodística que el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, y su esposa fueron vacunados contra la Covid-19 en octubre de 2020. Según la investigación, las vacunas aplicadas al expresidente y su esposa estaban destinadas a los ensayos clínicos de la farmacéutica china Sinopharm de la Fase III. Días después, el 16 de febrero, se aprobó una investigación parlamentaria y, desde entonces, la comisión encargada de investigar el caso detectó la vacunación irregular de 101 funcionarios públicos, familiares y allegados. En esta lista también se encuentran la ahora exministra de salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete, quienes serán procesados por infracciones a la constitución y por delitos de función.
Según se ha reportado, Sinopharm envió a Perú 3 mil 200 vacunas adicionales a las necesarias para el ensayo clínico. De estas dosis, 1,200 se entregaron a la Embajada China en Perú y las restantes a los centros de investigación de las universidades Cayetano Heredia y Mayor de San Marcos. La comisión investigadora explicó en una rueda de prensa que la Universidad Cayetano Heredia le entregó una lista de 470 personas vacunadas. 369 de ellas pertenecen a los equipos desarrolladores del ensayo y 101 corresponden a los llamados “relacionados”, es decir, personal del Ministerio de Salud, de la Cancillería, familiares de ambos e invitados sin relación alguna con ellos.
De acuerdo a la comisión, los responsables de este enlace y de invitar a estas personas fueron los investigadores principales de los ensayos, pero también dos miembros de los ministerios. Ante los hallazgos, la comisión ha recomendado evaluar el retiro de confianza de los funcionarios vacunados quienes aún estén en sus cargos.
En Ecuador también ha causado indignación la noticia de que el ministro de salud Juan Carlos Zevallos destinó vacunas para personas ajenas al combate de la enfermedad, entre ellas, su madre. Zevallos presentó su renuncia el 26 de febrero y ya es investigado por tráfico de influencias y la vacunación de varios de sus familiares. En Argentina también ha dimitido el ministro de salud Ginés González García al conocerse la vacunación funcionarios y personalidades próximas al gobierno sin seguir los protocolos destinados a la población general. En su paso por México, el presidente argentino Alberto Fernández defendió la vacunación de estas personas, a las cuales llamó “estratégicas”, para convencer a la población de la seguridad de la vacuna Sputnik V.
Mientras Israel, ha aplicado 93.5 vacunas por cada 100 personas gracias a este factor, países latinoamericanos avanzan a paso lento. En Chile, donde más se ha avanzado, la tasa es de 17.5 vacunas por cada cien personas, y en Guatemala, donde menos, 0.01 según la herramienta Our World In Data.
Aunque la escasez de vacunas es un reto mayúsculo para los gobiernos de Latinoamérica, la situación podría agravarse si continúan los casos de corrupción y vacunación irregular en las campañas de inmunización. Para aspirar a resultados exitosos y disminuir las muertes por Covid-19, es clave optimizar los recursos en las poblaciones de mayor riesgo y evitar el tráfico de influencias como ocurrió con el llamado Vacunagate.
