Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se encuentra en una situación singular: es el primero en enfrentar dos juicios políticos y también el primero en enfrentarlo una vez concluido su mandato presidencial. Por este último detalle la gente se ha preguntado de qué servirá enjuiciar a Trump, incluso la defensa jurídica del expresidente ha cuestionado su legalidad. Sin embargo, con 56 votos a favor y 44 en contra, el senado estadounidense declaró constitucional proseguir con las acusaciones al exmandatario.

Las acusaciones hacia el expresidente corresponden a los actos vandálicos ocurridos el 6 de enero de 2021, en el Capitolio, sede del poder legislativo estadounidense en Washington D. C. En esta fecha, cinco personas murieron, cientos resultaron heridos y los miembros del Congreso y el personal se vieron obligados a guarecerse dentro del edificio.

Particularmente se le acusa de incitar a la insurrección, con el fin de evitar la certificación de la victoria electoral del ahora presidente Joe Biden. Los fiscales del senado concluyeron la apertura de su caso, el 11 de febrero, con videos de aquel día, donde incluyeron los discursos de los alborotadores. Esto en un intento por vincular sus palabras con el discurso inflamatorio de días anteriores y presentarlo como el incitador en jefe y no como un observador inocente.

La defensa de Donald Trump, en respuesta el 12 de febrero, argumentó que el presidente sólo hizo uso de su libertad de expresión, garantizada por la primera enmienda de la constitución estadounidense. Como táctica legal, sus abogados redujeron la participación del exmandatario al pronunciamiento de la palabra “luchen”, en un discurso del 6 de enero.

Frente al senado, argumentaron que esto se trató de jerga política y de una invitación a exigir una reforma legal del sistema electoral estadounidense. Además, acusaron a los demócratas de hipócritas, mostrando videos donde senadores, quienes participan en el juicio, pronuncian la misma palabra en sus discursos. Finalmente, minimizaron el juicio político, señalándolo como una cacería de brujas del partido demócrata.

Si se encontrara culpable a Trump, sería el primer presidente en enfrentar un juicio político y ser declarado culpable. Esto causaría que nunca pudiese volver a ejercer un cargo público, perdería su pensión presidencial y otros beneficios como expresidente. De salir victorioso, Trump podría vender su imagen como la de un vencedor del status quo, el cual lo ha perseguido en su lucha por “hacer a Estados Unidos grande de nuevo”. Según analistas políticos de distintos medios estadounidenses, esto sería una plataforma poderosa para buscar un segundo término en una elección presidencial futura.

Para declarar culpable a Trump, los demócratas necesitan el voto de 17 senadores republicanos, algo difícil de conseguir, ante la postura de la mayoría republicana, quienes creen inconstitucional el juicio político. Sin embargo, existen otras alternativas para prohibirle a Trump ejercer cargos de elección federal en el futuro, entre ellos una mayoría simple de votos en el senado. También el invocar la sección tres de la 14a enmienda constitucional, donde se prohíbe ostentar un cargo federal a quienes se hayan involucrado en una insurrección o rebelión. Sin embargo, analistas políticos de medios estadounidenses consideran que esta medida podría ser objeto de una disputa legal importante.

El juicio político de Donald Trump estará en el centro del ojo público y político de Estados Unidos conforme se desarrolla en los próximos días. Indistintamente del cuestionamiento sobre de qué servirá esta acción ahora que ya no es presidente de Estados Unidos, este proceso legal marcará importantemente el balance final de la polémica administración Trump.