La diputada Sara Rocha Medina (PRI) propuso, en una iniciativa, que el porcentaje del ahorro solidario para los trabajadores que coticen en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de manera libre y voluntaria incremente en dos puntos porcentuales, para que de esta manera puedan ahorrar hasta el 4 por ciento del sueldo base de cotización.

En la reforma al artículo 100 de la Ley del ISSSTE plantea, además, que esos recursos puedan estar a disposición del trabajador por emergencia sanitaria o por causa de fuerza mayor.

La diputada Rocha Medina señaló que con esta modificación no solo se promoverá un mayor ahorro sino que, además, las tasas de reemplazo de las pensiones aumentarán y con ello se evitará que en un futuro el Gobierno Federal tenga un mayor gasto en la atención de las personas mayores derechohabientes y sus familias.

En el documento, turnado a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen y a la de Trabajo y Previsión Social, para opinión, refiere que el ahorro solidario, que actualmente es de dos por ciento, constituye un derecho a fin de obtener una renta vitalicia o retiro programado.

A decir de la Consar, el ahorro solidario alcanzó durante el primer semestre del 2020 un monto total de 33 mil 888.8 millones de pesos, dicha cifra es 26.2 por ciento más que la registrada en el mismo mes del año anterior, lo cual ejemplifica el interés de los trabajadores por ahorrar bajo este esquema, no obstante, hoy se encuentran limitados solo al 2 por ciento.

Añadió que hasta septiembre de este año las Afores administran recursos por 4, 473,240 millones de pesos, en un total de 67 millones 450 mil 180 cuentas, de las que 2 millones 150 mil 660 corresponden a Pensionissste.

Indicó que México tiene un sistema de pensiones y jubilaciones fragmentado, por lo cual es favorable incentivar el ahorro voluntario, ampliar los esquemas de inclusión financiera y fomentar una educación que contribuya a comprender la importancia de ahorrar para el futuro.

Citó que según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2023 el pago de pensiones y jubilaciones del presupuesto federal ascenderá al menos a 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que hace evidente la relevancia de este asunto en las finanzas públicas y para superar los impactos de la crisis sanitaria.

Subrayó que las consecuencias económicas de la pandemia aún no terminan y afectarán la sostenibilidad de las pensiones, por lo que se deben tomar en cuenta alternativas que contribuyan a mantener el sistema y proteger el ahorro de los trabajadores.

Derivado de lo anterior, es necesario dotar estos esquemas de flexibilidad para que quienes así lo decidan accedan a esos recursos y hagan frente a los estragos por la crisis sanitaria.

Hizo notar que los esquemas de pensión o jubilación de beneficio definido —sistemas previos a las reformas legales de 1997 y 2007, enmarcados en recursos presupuestales— “serán una carga fiscal para el Estado, como resultado del tipo de pensión que en muchos casos cubren hasta 80 o 90 por ciento de la pensión, y a los cuales la dependencia destinó, en 2019, casi 880 mil millones de pesos”.

Por último, consideró imperativo fortalecer los marcos regulatorios de los sistemas para el retiro y dotarlos de mayor transparencia y certeza.