El Cabildo de Bahía de Banderas aprobó el Presupuesto de Egresos 2021, el cual será entregado en tiempo y forma al Congreso del Estado, por un total de 1 mil 100 millones 825 mil 660 pesos, acorde con la Ley de Ingresos recién aprobada por el Legislativo estatal.

Al exponer de manera puntual los rubros en los que será ejercido el Presupuesto de Egresos 2021, el presidente municipal de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas Tello, señaló que el interés del actual Ayuntamiento es lograr hacer más con menos, sorteando con una administración transparente y disciplina financiera, los obstáculos y situaciones ajenas al municipio, como es la contingencia sanitaria por COVID-19, para continuar avanzando en resolver temas sociales, más obras y mejores servicios públicos, así como continuar generando certeza jurídica para familias e inversionistas.

En el mismo tenor, se autorizó que el Ayuntamiento otorgue certeza jurídica a más de mil familias de San Vicente, al ejercer el mecanismo de Subrogación del pago del Impuesto Predial y del Impuesto sobre Adquisión de Bienes Inmuebles –ISABI- correspondientes a dos polígonos, Villas Miramar I y Villas Miramar II en la localidad de San Vicente, como apoyo concurrente e interinstitucional de las gestiones de certeza jurídica y regularización del suelo con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable –INSUS- del Gobierno de México, quien es el actual posesionario legal de dichos polígonos.

“Es la voluntad de éste cabildo, son las gestiones de este Gobierno Municipal, es el compromiso hecho por el Gobierno Federal para resolver y darles la certeza jurídica de la posesión de su vivenda y terreno, a las familias que por muchos años, fueron engañados por falsos liderazgos quienes les prometieron soluciones y sólo se aprovecharon de su necesidad”, señaló el munícipe, quien agradeció a sus compañeros regidores el apoyo total para solucionar este tipo de retos y rezagos históricos.

En otros rubros, se aprobó el pago en parcialidades fijas en un periodo mayor al que comprende la presente administración, de adeudos a personas físicas y morales por obras y servicios contratados en anteriores administraciones, para equilibrar el uso de recursos a obra pública actual y de continuar la política de cumplir los compromisos de adeudos.