La diputada Beatriz Rojas Martínez presentó reformas al Código Penal Federal para establecer sanciones a servidores públicos que, de manera indebida, revelen o difundan imágenes o información de una escena de delito o una carpeta de investigación en trámite que conlleve a la divulgación de detalles que por la delicadeza del delito sólo deba conocer el Ministerio Público.

“Es moralmente imputable y socialmente dañino que una persona facultada para procurar justicia sea quien revele o exhiba actos de violencia mediante imágenes, videos u otros medios”, aseveró en un comunicado.

Los servidores públicos tienen un deber de máxima ética y desempeñar su función con imparcialidad, honradez y buscando respetar el derecho humano del gobernado a la buena administración.

Rojas Martínez comentó que para la sociedad todo ser humano es la encarnación de un valor intrínseco que debe ser honrado aún después de la muerte, por lo tanto, se debe garantizar que funcionarios públicos observen el estricto apego a la normatividad y respeto a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas u ofendidos de un delito.

Expuso que en todo el país es recurrente publicar en medios de comunicación impresos y digitales, imágenes explicitas de asesinatos y en específico del cuerpo de mujeres víctimas de feminicidio; situación que contribuye a la normalización de la violencia contra las mujeres.

En el caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio a manos de su pareja, distintos medios de comunicación y usuarios de redes sociales difundieron imágenes explicitas del crimen, esto infiere que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habrían filtrado esa información.

“La difusión masiva de estas imágenes, así como de detalles del crimen, causó repudio entre miles de ciudadanas y ciudadanos, pues intensifica el dolor de familiares de la víctima y de las familias innumerables víctimas de feminicidio en México”, expresó.

Ante este hecho, la Secretaría de Gobernación demandó a todas las autoridades federales, estatales y municipales del país, en especial quiénes tienen a su cargo temas de seguridad pública y procuración de justicia, garantizar que “nunca más se vuelvan a filtrar ilegalmente imágenes de las víctimas en este tipo de hechos”.

La diputada recordó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), actualizó sus recomendaciones de 2012 en 2018 y reiteró su recomendación al Estado mexicano para que investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria.

Manifestó que esta Legislatura está preocupada por que los funcionarios públicos del área de impartición de justicia, garanticen en todo momento el respeto a la dignidad de las personas fallecidas sin vulnerar sus prerrogativas fundamentales y la de sus familiares, estableciendo protocolos y normas de actuación unificadas en todo el país de acuerdo a estándares internacionales.

Rojas Martínez apuntó que su propuesta señala que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos al que indebidamente difunda, publique, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, reproduzca, comercialice, o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, relacionados con el procedimiento penal que la ley señala como delito, y se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización.

Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial, las penas previstas en el artículo se incrementarán hasta en una mitad.