Con la desaparición de los fideicomisos, el Presidente de la República busca trasladar recursos que hoy en día son absolutamente fiscalizables, a una bolsa que servirá para ejercer un gasto discrecional y que, desde luego, no será revisable, acusó la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña.
“Los fideicomisos actualmente son fiscalizables, la Auditoría Superior de la Federación ha puesto especial énfasis a la fiscalización de las figuras jurídicas constituidas como fideicomisos, mandatos y contratos análogos; desde el inicio de su gestión se han realizado 582 auditorías a estas figuras administrativas”, indicó.
Advirtió que el próximo martes el PRD trabajará para evitar la desaparición de los fideicomisos, muchos de los cuales son indispensables para enfrentar las crisis sanitaria y económica por las que atraviesa el país, y que el Presidente se empeña en desaparecer.
En un comunicado, explicó que del total de los fideicomisos que se busca desaparecer, sólo 11 concentran el 83.1% del total; es decir 56,864.8 mdp, y son controlados totalmente por cuatro dependencias (Economía, SHCP, Gobernación y Sener-Conacyt).
“Esto va en contra del argumento de la falta de transparencia y corrupción ya que las decisiones que se toman dependen enteramente de los titulares (secretarios de Estado) de las dependencias involucradas”, aseveró.
Juárez Piña comentó que existen 35 fondos y fideicomisos que se busca eliminar y que son derivados de convenios con entidades federativas y municipios, los cuales se manejan a través del Estado y el Conacyt, estos ascienden a 4,282.1 mdp y representan apenas el 6.1% de la bolsa que se pretende recuperar.
Sin embargo, señaló, dada la naturaleza jurídica del fideicomiso habrá que revisar los actos administrativos que se deban de llevar a cabo y el conflicto que representará con las 32 entidades federativas por una bolsa poco significativa.
Apuntó que los 68 mil millones de pesos que se pretenden recuperar por la liquidación de 109 fideicomisos, representan apenas el 4.9% de lo que pagarán de servicios personales en el 2021; además, equivalen al 4.5% del incremento de la deuda neta total en estos 19 meses de gobierno o bien al 0.5% de la deuda neta total del país.
“Los 68 mil millones de pesos, que se pretenden recuperar son menores a los 71 mil millones de pesos que costó cancelar el NAIM”, precisó.
Por ello, aseveró, “resulta absurdo desaparecer 26 fideicomisos con centros públicos de investigación, (CIDE, CIMAT, CIQA) y generar conflictos cuando los recursos obtenidos en el mejor de los casos ascenderían apenas a 784 mdp, apenas el 1.1% de la bolsa recuperable estimada, por lo que será más grave el golpe a la investigación que la supuesta recuperación de recursos.
“Resulta absolutamente falso que el Gobierno Federal vaya a obtener 68 mil millones de pesos, por la desaparición de estos fondos y fideicomisos, debido a que buena parte de sus recursos se encuentran ya comprometidos para un fin específico (gasto comprometido o bien recursos en garantía)”, asentó.
Lo anterior, expuso la diputada perredista, implica que el Gobierno Federal deberá de continuar ejerciendo dicho gasto, lo que complicará su ejercicio, pues lo someterá a la necesidad de que cada año se tenga que aprobar por el Congreso, lo que generará incertidumbre para la continuación de proyectos.
En el mejor de los casos, dijo, es como si el Gobierno se “cambiara de bolsa el dinero que va a gastar” no existe ahorro, sino sólo un cambio de bolsa de donde toma el dinero”, en virtud de que se tiene el gasto ya comprometido.
