El Grupo Parlamentario del PVEM propuso que para una mejor atención a mujeres víctimas de algún delito, el personal de atención, tanto peritos y Ministerios Públicos, cuenten con una certificación obligatoria y renovada periódicamente, en la que avale poseer conocimientos técnicos en perspectiva de género para aplicarla dentro de sus atribuciones, y que la Fiscalía General de la República, así como las fiscalías de cada estado, sean las facultadas para otorgarlas.
A través de un comunicado, la bancada dijo que los colectivos Impunidad Cero y Tojil han identificado en su “Guía contra la violencia de género en Ministerios Públicos 2019” los 10 principales problemas en el acceso a la justicia de las mujeres, entre ellos, la discriminación al denunciar, criminalización de los derechos de la mujer, acumulación de expedientes, falta de judicialización y perspectiva de género al emitir una sentencia.
Las y los diputados de la bancada indicaron que aunque en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estipula en su artículo 47 que le corresponde a la Fiscalía General de la República especializar a sus agentes a través de cursos y programas en derechos humanos y género, incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales y eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, éstos no tienen carácter obligatorio, ni marca la frecuencia con la cual deben ser tomados.
El acceso a la justicia para muchas mujeres es un problema, tanto para las víctimas como para sus familiares, ya que en muchas ocasiones la falta de capacitación del personal de primer contacto y de las y los agentes del Ministerio Público, así como de los peritos, debido a la ausencia de perspectiva de género en la realización de sus funciones, entorpece la investigación y la posterior sanción.
Finalmente, la bancada consideró que la violencia contra la mujer por razón de género acontece bajo diferentes circunstancias que la hacen distinta a la violencia en general, ocasionando que día a día una cantidad enorme de víctimas a quienes se les impide el libre desarrollo y disfrute de sus derechos humanos.
