A través de un comunicado conjunto publicado el martes 8 de septiembre de 2020, nueve compañías farmacéuticas entre las que se incluyen Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson, anunciaron el compromiso de ceñirse a “altos estándares éticos y principios científicos fundamentados” en la investigación de potenciales vacunas contra la Covid-19 y en su posterior aprobación y registro por agencias reguladoras del gobierno como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).
La carta abierta, firmada también por los CEOs de BioNTech, GlaxoSmithKline, Merck, Moderna, Novavax y Sanofi, hace explícito el compromiso de garantizar una serie de prácticas y estándares para posteriores investigaciones, bajo las cuales se busca priorizar la seguridad y bienestar de los individuos vacunados, garantizar el suministro suficiente de vacunas a nivel global y limitar el registro de las mismas ante agencias de gobierno solo a aquellas que hayan completado las pruebas clínicas de fase 3.
Sobre las condiciones de calidad y los estándares científicos de los ensayos, el comunicado detalla que se: “requiere que la evidencia científica para la aprobación regulada [de vacunas] provenga de ensayos clínicos a gran escala y de alta calidad, aleatorios y con observadores ciegos, con la expectativa de diseñar apropiadamente estudios con un número significativo de participantes a lo largo de poblaciones diversas”. A la fecha, de las empresas firmantes solo AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech y Moderna han llegado a esta etapa de pruebas. A ellas se suman las de tres laboratorios chinos (SinoVac, CanSino y SinoPharm) y la Sputnik V del Instituto Gamaleya, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El compromiso se plantea en un contexto donde varios expertos a nivel mundial han criticado la supuesta “politización” de la carrera por encontrar una vacuna. En Estados Unidos, ante el anuncio hecho por Donald Trump en un rally en Pensilvania el día 3 de septiembre de 2020 sobre la posibilidad de tener una vacuna para octubre, la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, declaró el día 5 de septiembre en entrevista con el medio CNN que “no confiaría en Donald Trump”, porque “el está mirando la elección que viene en menos de 60 días y está tratando de tomar lo que pueda para pretender que ha sido un líder en temas en donde no lo ha sido”.
Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden hizo eco de estas declaraciones durante un rally celebrado Wisconsin el 7 de septiembre: “Uno de los problemas [de Trump] es la forma en que juega con la política, es que ha dicho tantas cosas que no son ciertas. Me preocupa que si tenemos una vacuna realmente buena, la gente será reacia a tomarla. Entonces, está socavando la confianza pública”. Ese mismo día, la prensa de la Casa Blanca compartió un comunicado acusando Biden y a su “muy liberal compañera” de difundir una “retórica antivacunas temeraria”, así como de “poner vidas en riesgo y socavar la ciencia”.
Aunado a esto, el anuncio del registro en Rusia de la vacuna Sputnik V del Insitituto Gamaleya suscitó sospechas similares entre organismos internacionales como al OMS. Tarik Jasarevic, portavoz de dicho organismo, afirmó el 11 de agosto de 2020 que “acelerar los procesos no debe significar poner en compromiso la seguridad”. De igual manera, Tedros Adhanom, director de la OMS, ha permanecido firme en la postura de no autorizar vacunas y soluciones farmacéuticas sin previa investigación bajo estándares científicos, así como en la denuncia del “nacionalismo de vacunas” y la politización de las mismas; actitudes que privilegian la ganancia política de los gobiernos en lugar del cuidado de la salud y la inmunización pormenorizada contra el Covid-19, enfermedad que ya cuenta con 27 millones 401 mil 24 contagiados a lo largo del mundo.
