Tepic.- La trata de personas implica una violación a la integridad, libertad y dignidad de las personas, y las convierte en objeto de explotación, además de que el 85 por ciento de las víctimas de los delitos en materia de trata son mujeres, mencionó Heidi Oropeza Bautista, capacitadora del Programa Virtual e Interactivo de Capacitación a Instancias Municipales de las Mujeres y personal del Instituto para la Mujer Nayarita.
Oropeza Bautista indicó que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos tiene como objetivos prevenir y perseguir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas de trata, y promover la cooperación entre los estados. Agregó que, en Nayarit, la Ley para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas se creó en junio de 2011.
Asimismo, estableció las diferencias entre la trata y el tráfico de personas, las cuales consisten en que, en la trata, la relación de la víctima con el tratante es de manera coercitiva o por medio de un engaño, mientras que en el tráfico de personas existe consentimiento de la víctima; en la trata no es necesario que se crucen fronteras, pero sí para el tráfico de personas; los riesgos y daños se presentan durante todo el tiempo que la persona es objeto de trata, y en el tráfico, los mayores riesgos y daños se presentan durante el traslado.
Entre las diversas modalidades de los delitos en materia de trata, manifestó que se reconocen las siguientes: esclavitud; condición de sierva(o); prostitución; explotación sexual; explotación laboral; trabajo o servicios forzados; mendicidad forzosa; tráfico de órganos, tejidos y células, así como experimentación biomédica.
Por último, mencionó que dentro de los factores que influyen para que las mujeres, hombres, niñas y niños sean reclutados, movilizados, vendidos y comprados por las redes de tratantes, se encuentran la situación económica: que se traduce en desempleo, desigualdad social y crisis económicas; las limitaciones y obstáculos para acceder a la educación, la deserción escolar y los altos costos educativos; la violencia social, política y familiar, además de la oferta y demanda que existe de la trata, y la impunidad para la justicia.
