El 26 de agosto de 2020 se dio a conocer que la Fiscalía general de la república (FGR) presentó ante el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur una denuncia formal contra Rosario Robles, exdirectora de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2012 y 2015, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Dicho documento, presentado ante tribunal el martes 25 de agosto, solicita una condena de 21 años y 450 días de multa para la exfuncionaria bajo cargos de omisión y ejercicio indebido de la función pública.
Rosario Robles permanece en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019, mientras se investigan sus presuntos nexos con el esquema de desvíos de recursos públicos a través de prestadores de servicios y empresas fantasmas conocida como “La estafa maestra”. A pesar de sus demandas por continuar el proceso en libertad, el juez de dicho penal ha declinado esta solicitud un total de cuatro veces, la última el 1 de mayo de 2020, aduciendo riesgo de que la funcionaria se dé a la fuga. Según una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Sedesol a cargo de Robles desvió 887 millones de pesos destinados a programas de ayuda social durante el año 2015.
En conferencia de prensa el 18 de agosto de 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las pesquisas por el caso de “La estafa maestra” podían acelerarse si Robles accedía al llamado beneficio de colaborador, gracias al cual podría obtener una condena menor a cambio de información sobre otros funcionarios implicados en dicho caso: “Eso tiene que ver con la fiscalía, pero si ya se le dio este beneficio al señor Lozoya debe de aplicarse a todos que todo el que quiera informar. Además, es sano, es un mecanismo que se usa a nivel internacional y en Estados Unidos es lo más común”, afirmó.
Sin embargo, el 13 de agosto de 2020, Epigmenio Mendieta, abogado defensor de Robles, denunció en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva la presunta arbitrariedad en la decisión de la fiscalía de mantener a la exsecretaria en prisión preventiva y, a su vez, aseguró que Robles no delatará ni entregará a nadie.
La defensa de Robles tiene hasta 10 días, a partir del 25 de agosto, para preparar su posicionamiento ante las acusaciones de omisión y ejercicio indebido de la función pública, delitos por los cuales la extitular de Sedesol podría recibir hasta 21 años de cárcel. Se prevé que el juez convoque a audiencia intermedia a mediados del próximo mes de septiembre 2020.
