Mientras los sistemas de salud de todo el mundo colapsan por la pandemia de coronavirus, en Bolivia esta crisis ha creado las condiciones para el inicio del tráfico ilegal de plasma sanguíneo. Una bolsa de 400 mililitros se puede cambiar fácilmente por cantidades de dinero que van desde los 500 hasta los 3 mil dólares o también por un empleo.

Debido a la crisis sanitaria y económica en Bolivia, los incentivos ofrecidos las personas de escasos recursos para donar su plasma se multiplican. Diversas empresas y negocios ofrecen descuentos e incluso regalos para los donantes; asimismo por lo menos, dos universidades anunciaron, admitirán alumnos sin presentar examen de ingreso si donan su plasma.

Son varios los motivos que han llevado a esta situación. En Bolivia, los hospitales privados cobran entre 500 y 1, 500 dólares diarios, esto sin incluir el costo por un respirador. Gran parte de los seguros médicos no cubren una pandemia, debido a esto se han generado paquetes especiales de 160 dólares anuales. Por su parte, las instituciones públicas de salud exigen a los pacientes no tener ningún tipo de deuda antes de acceder a los servicios médicos.

Otra gran motivación para pagar ilegalmente por el plasma es el miedo a perder a un familiar. Las personas piden en redes sociales plasma sin saber si su familiar lo necesitará o no y aquellos que están bien acomodados económicamente, dan dinero -algunos llegan a dar hasta 3 mil dólares o más- o si poseen una empresa ofrecen empleo a cambio de este.

En Santa Cruz y otras dos ciudades, Trinidad y Cochabamba, los servicios médicos públicos y privados han colapsado. Los bancos de sangre están en iguales condiciones y en donde se realiza la donación de plasma la situación es igual de adversa. En Santa Cruz sólo hay una máquina para realizar la extracción de plasma; los médicos han solicitado dos máquinas más, pero el Ministerio de Salud no ha dado respuesta.

Por otra parte, incluso si la donación de plasma es gratuita, el receptor, en caso de no contar con seguro médico, situación de la mayoría de personas, debe pagar 460 dólares para acceder a este procedimiento -cantidad que sobrepasa en más de 100 dólares al salario mínimo en el país.. Aunque es un servicio público, deben pagar para reponer los materiales usados en la extracción.

No obstante, esta es tan sólo una de tantas dificultades que los más pobres deben atravesar para obtener atención médica. El plasma sólo puede ser utilizado si el donante comprueba se ha recuperado del Covid-19. La dificultad reside en los servicios públicos, pues no otorgan un documento donde se compruebe esto, por lo que sólo será posible si se efectúa en un hospital privado.

De esta manera, el beneficiario del plasma debe pagar por los estudios clínicos, ya que las pruebas gratuitas ofrecidas por el gobierno son altamente escasas. Con esto la persona necesita otros 143 dólares, reflejando que el tratamiento con plasma sólo está disponible para los bolivianos más acomodados, como también ocurre con los otros procedimientos contra la Covid-19.

Aunque de momento las autoridades han dicho a la población que trabajarán para reducir este nuevo tráfico ilegal de plasma, parece inevitable que las personas con menos recursos aprovecharán los empleos ofrecidos, el dinero y hasta el acceso a las universidades a cambio de plasma sanguíneo en Bolivia.