La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado informó que en caso de que la iniciativa de Ley de Implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se concretase en el Congreso de ese país, México contará con los mecanismos para contrarrestarla.

En un posicionamiento, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, destacó que la mayoría de la Cámara alta rechaza tajantemente la intención de que la Ley de Implementación incluya la disposición de agregado laborales.

Lo anterior, al tratarse de una medida que, por no haber sido consultada ni acordada con México, resulta inaceptable y va en contra de la buena voluntad y el espíritu con que se firmaron el T-MEC y el Protocolo Modificatorio.

Monreal Ávila indicó que como parte del proceso interno de ratificación en Estados Unidos, el presidente Trump envió al Congreso de su país la iniciativa de Ley de Implementación del T-MEC, mecanismo que utiliza esa nación para que todos sus acuerdos comerciales se conviertan en ley.

En esta iniciativa se establece la posibilidad para que la Unión Americana envíe hasta cinco agregados laborales a México, con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral en curso.

Puntualizó que dicha adición no fue consultada con México y que no forma parte de los acuerdos vertidos en el Protocolo Modificatorio aprobado por el Senado.

En el escrito se menciona que en caso de que la iniciativa transite en el Congreso estadounidense, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 7, establece que el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que cualquier miembro del personal de la misión no es aceptable.

“Esto quiere decir que, de tomar una decisión contraria a lo acordado por los tres países, México contará con los mecanismos para contrarrestar esa medida”.

En el posicionamiento, el titular de la Jucopo refiere que las negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) iniciaron en 2017, por iniciativa del presidente Donald Trump.

El T-MEC fue firmado por los mandatarios de los tres países en noviembre de 2018; desde septiembre de ese año, el Senado recibió para su análisis, la propuesta del texto y lo ratificó en junio de 2019, antes que Estados Unidos y Canadá.

Al iniciar la revisión del texto en la Cámara de Representantes estadounidense, ésta contaba ya con una mayoría demócrata que presentó una serie de propuestas en materias laboral y medioambiental.

Así como en lo relativo a la protección de patentes para biomedicamentos, y respecto a reglas de origen del sector automotriz relacionadas con el aluminio y el acero. En este proceso de renegociación participó el Ejecutivo federal mexicano, con el acompañamiento del Senado.

Como resultado de las renegociaciones, se alcanzaron acuerdos en todas las materias referidas, incluida la laboral, para la cual los demócratas intentaron que el acuerdo incluyera y validara la figura de inspectores, como mecanismo de verificación y certificación del cumplimiento de los compromisos laborales establecidos en el tratado, propuesta que el gobierno de México y el Senado rechazaron.

La contrapropuesta del gobierno mexicano fue utilizar paneles con jurisdicción regional como el vehículo para solucionar controversias laborales y de todos los otros sectores.

Esta proposición fue aceptada por los Estados Unidos y Canadá, y el acuerdo respecto a ésta y las otras materias fue vertido en el Protocolo Modificatorio del T-MEC, firmado en México el 11 de diciembre y aprobado por el Senado un día después.