El Jefe del Ejército de Bolivia, general Iván Inchauste Rioja, negó que los militares hayan usado “armas letales” contra los manifestantes que participaron en las movilizaciones que estallaron el pasado 20 de octubre, luego de concluir el proceso electoral, informó la prensa local.

La declaración fue hecha por el jefe militar durante la conmemoración, la víspera, de los 209 años de vida de la institución castrense, donde agregó que los militares que salieron a las calles en el mes de noviembre solo usaron la fuerza de manera proporcional y nunca con “armas letales”, público el diario Página Siete.

“Nos dieron la misión de pacificar el país, proteger a cada boliviano y boliviana, y lo hicimos a la altura de las circunstancias. Inicialmente con diálogo y paz, y posteriormente en estricto cumplimiento del manual del uso de la fuerza y la proporcionalidad, con medios disuasivos, nunca con armas letales”, expresó Inchauste.

La respuesta del ejército se dirige al informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado martes, en la que sostiene que los militares y policías dispararon con armas de fuego a los movilizados en Sacaba, departamento de Cochabamba y Senkata,  El Alto, “indiscriminadamente”, señaló el diario.

El documento califica a esos actos como “masacres”. En Senkata, por otro lado, los manifestantes usaron dinamita para hacer caer el muro de la planta de combustible e incendiaron vehículos.

Luego de terminar los comicios generales del 20 de octubre con los primeros resultados muy ajustados, el órgano electoral decidió suspender por casi 20 horas el recuento de los votos, los cuales ya apuntaban a un segunda vuelta electoral entre el entonces presidente Evo Morales y el opositor Carlos Mesa.

Sin embargo, al reanudarse la publicación de los resultados estos dieron como ganador en primera vuelta a Morales, quien se proclamó vencedor para asumir por cuarta vez la presidencia de Bolivia.

La oposición, encabezada por Mesa, desconoció los resultados y llamó a efectuar nuevas elecciones, el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos concluyó como observador de los comicios que hubo irregularidades que invalidaban el proceso.

Opositores y seguidores del Morales, aglutinados en su partido el Movimiento al Socialismo (MAS), se lanzaron a las calles y se dieron violentos enfrentamientos, en los cuales murieron unas nueve personas y decenas resultaron heridas. Días despúes el alto mando de las Fuerzas Armadas le pidió a Morales que pensará en su posible renuncia “para evitar un posible baño de sangre”.

Morales anunció su renuncia al cargo el 10 de noviembre y el 12 del mismo mes salió hacia México, país que le ofreció asilo. En este país Morales acusó haber sido víctima de un “golpe de Estado” fraguado por la ultraderecha, los militares y la OEA.

En los siguientes días se multiplicaron las protestas y se tornaron violentas por  lo que el nuevo gobierno interino, encabezado por Jeanine Áñez, pidió a los militares auxiliar a la policía para establecer el orden en el país.

En este marco es que se dan los acontecimientos más violentos en Sacaba,  y en Senkata, lugares que fueron bloqueados por los manifestantes afines a Morales para no dejar pasar el combustible y los alimentos para abastecer a otras ciudades, principlamente hacia la capital.