La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Amnistía propuesta por el Ejecutivo federal, que busca hacer justicia para aquellas personas que por necesidad o por ignorancia cometen ilícitos como el robo simple sin violencia.

Con el voto a favor del bloque mayoritario encabezado por Morena y el respaldo de los diputados Rubén Moreira y Ximena Puente, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sentido opuesto a sus compañeros de bancada que votaron en contra, se logró el respaldo de 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones.

Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y los del Partido de la Revolución Democrática (PRD) votaron en contra, por considerar que se pone en riesgo a la sociedad mexicana con un perdón a delincuentes que podrían obtener su libertad anticipadamente, sin haber logrado la reinserción social.

Para la aplicación de esta ley, de acuerdo con el dictamen aprobado en las comisiones unidas de Justica, como la de Gobernación y Población, el Ejecutivo federal integrará una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y supervisar la aplicación de la ley.

El beneficio de la amnistía tendrá que ser requerido por la persona interesada o su abogado defensor, a fin de que la comisión referida determine la procedencia de la garantía y someta su decisión a la calificación de un juez federal para que la confirme.

La minuta de Ley de Amnistía turnada al Senado de la República señala que las personas a quienes beneficie la ley no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos que ya fueron perdonados.

En tanto, la Secretaría de Gobernación (Segob) coordinará las acciones para facilitar la reinserción social de las personas beneficiarias de esta ley, en términos de la legislación aplicable.

Para su discusión en lo particular, la bancada del PAN fue la que presentó el mayor número de reservas y aunque también las hubo de otros grupos parlamentarios, incluso de Morena, en voz de la diputada Tatiana Clouthier, pero todas fueron rechazadas.

Al fundamentar el dictamen señalado, la diputada Claudia Pérez Rodríguez, de Morena, secretaria de la Comisión de Justicia, expresó que el documento atiende uno de los reclamos más sentidos del pueblo de México, que es la justicia.

Expuso que ese procedimiento jurídico es un instrumento del se les atribuye a determinadas personas para que puedan reintegrarse a la sociedad, lo que permite dar por terminados los procesos sin que hubieran fallado, que queden sin efectos las condenas.

Mencionó que la misma debe ser delimitada y de manera concreta debe establecer cuáles son las conductas delictivas a considerar, así como las cualidades a las personas a las que se dirige.

Pilar Ortega Martínez, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia en San Lázaro dijo desde la tribuna que “es claro que, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la amnistía se ha constituido como un instrumento del Estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto”.

Argumentó que de la lectura integral de la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo federal no se advierte la temporalidad o naturaleza del conflicto que da lugar a esta amnistía más allá de una alternancia política.

Sostuvo que la ausencia de este conflicto hace que la amnistía adquiera un carácter distinto al previsto en su naturaleza jurídica en el Derecho Internacional, y en este caso se convierte, más bien, en una sustitución política de las funciones constitucionales del sistema penal acusatorio.

Por la Comisión de Gobernación y Población, su presidenta, Rocío Barrera Badillo, de Morena, señaló que la ley es uno de los proyectos más emblemáticos del país, porque abona a la recomposición de la relación entre la ciudadanía y el gobierno, a partir del reconocimiento de que el Estado en ocasiones ha cometido violaciones al debido proceso.

Esta ley, enfatizó la legisladora, reconoce que el Estado no asumió en el pasado su composición pluricultural, al no garantizar que en los juicios promovidos contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas se respetarán las garantías del debido proceso.

Al final del debate, de los artículos que habían sido reservados para cambios, ninguno fue aceptado y la ley se aprobó en lo particular por 285 votos a favor, 144 en contra y 19 abstenciones.