La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales en Chile, los graves disturbios en algunas manifestaciones, y expresó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La CIDH señaló que en su monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en este país sudamericano ha recibido información de hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante las detenciones en el contexto de las manifestaciones.
“En respuesta a estos graves hechos, la CIDH decidió instalar una Sala de Situación de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada con el objetivo de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Chile”, anunció el organismo en un comunicado.
Citó que el presidente chileno Sebastián Piñera, declaró de manera pública el 17 de noviembre pasado que durante las protestas sociales se vulneraron los derechos humanos, “y hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en algunos casos”.
Las protestas en Chile comenzaron el 18 de octubre pasado en contra del incremento en el costo del pasaje del Metro, medida que luego Piñera canceló, pero las manifestaciones se incrementaron en contra de las medidas económicas implementadas por el gobierno chileno en los últimos años.
La CIDH detalló que desde el 18 de octubre pasado, la cifra de muertos durante las protestas sociales ascendió a 26, de ellos al menos cinco “habrían sido por acción directa de agentes del Estado y dos bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros”.
Agregó que datos del Ministerio de Salud revelaron que los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 12 mil 652 personas heridas en relación con las manifestaciones.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) constató en los hospitales que hubo dos mil 808 heridos en el contexto de las protestas, añadió.
El Colegio Médico ubicó en 283 el número de personas “con traumas oculares como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas de Carabineros”, en algunos casos con la pérdida total de la visión en dos ojos, añadió.
Subrayó que desde el inicio de las protestas sociales se han registrado al menos unas 20 mil 645 detenciones, de ellos unas 950 personas están en prisión preventiva.
La CIDH afirmó que la Fiscalía Nacional investigó dos mil 670 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, de los cuales “422 hacen referencia a casos de niñas, niños, o adolescentes, 44 a casos de torturas y 26 por violación o abuso sexual por parte de agentes del Estado”.
Ante las cifras expuestas la CIDH instó a las autoridades chilenas a “investigar con debida diligencia todos estos actos de violencia, e identificar y sancionar a los responsables“, así como informar los resultados a la ciudadanía.
Manifestó su preocupación “por el elevado número de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos registrados por distintos organismos internacionales, así como por los propios órganos del Estado”.
Reiteró que recibió información sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes por parte de Carabineros de Chile, la policía nacional.
Detalló que se denunciaron casos en los que se registraron “disparos de perdigones en dirección al cuerpo, cuello y rostro de los manifestantes, disparos de lanza gases en dirección al cuerpo de manifestantes, falta de gradualidad en el uso de la fuerza sin previo aviso, la utilización de sustancias lacrimógenas en presencia de personas adultas mayores”, entre otros.
La CIDH, en su amplio reporte, reprobó que en determinadas circunstancias hubo grupos de manifestantes que provocaron graves desmanes durante algunas manifestaciones.
“Arrojaron objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyeron equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro,” realizaron saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra los bomberos, lamentó.
Recordó que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica, reiteró su rechazo a toda forma de violencia y llamó al Estado “a investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dichos contextos, así como juzgar y sancionar los responsables”.
