El Tribunal Constitucional (TC) de Perú declaró hoy improcedente el pedido de aclaración del fallo que permitió la excarcelación de la líder de la opositora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentado por la Procuraduría del Poder Judicial.

En rueda de prensa, el presidente del TC, Ernesto Blume, explicó que el pedido no puede ser aceptado debido a que la sentencia en el caso de Keiko Fujimori “no contiene ningún error ni omisión”.

“Esta decisión cierra el caso y yo invoco a que se acaten como corresponde en todos sus términos las sentencias del tribunal. Si bien se ha logrado la excarcelación, el acatamiento debe ser general y no tener actitudes de rebeldía y de cuestionamiento contra decisiones del Tribunal Constitucional“, puntualizó Blume.

El TC estableció que el pedido de aclaración y desarrollo de una nueva votación de la sentencia sobre la excarcelación de Fujimori “debe ser desestimado en todos sus extremos” y recordó que en las sentencias de la corte no cabe impugnación alguna, reportó la agencia peruana de noticias, Andina.

“La sentencia tiene calidad de cosa juzgada, es definitiva e inamovible y se encuentra ejecutada. El Tribunal Constitucional es autónomo e independiente”, sostuvo la instancia judicial.

Por su parte, el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, cuestionó la rapidez con la que el Tribunal Constitucional declaró improcedente el pedido de revisión de la sentencia que permitió la excarcelación de Fujimori.

“Me extraña la rapidez, máximo si hoy día, los siete magistrados han tenido una audiencia en el TC, en ese contexto me pregunto cuándo resolvieron el pedido si lo presenté ayer”, preguntó Palomino.

Consideró que no podía tomarse una resolución en el caso Keiko Fujimori con argumentos discrepantes, ya que ello le resta validez a la sentencia.

El 29 de noviembre pasado, la dirigente de la opositora Fuerza Popular salió del penal de Chorrillos, luego que el Poder Judicial dio la orden al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), aunque continuará la investigación sobre el dinero presuntamente ilícito que recibió para sus campañas presidenciales.

La Corte Superior de Justicia de Lima ordenó mediante un oficio al INPE la inmediata libertad de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Higuchi, “medida que se hará efectiva siempre y cuando no registre mandato de detención pendiente emanado por autoridad judicial competente a nivel nacional”.

La liberación se produjo luego que el tribunal supremo aceptó un pedido de habeas corpus, presentado por la hermana de la dirigente opositora, Sachi Fujimori, quien argumentó que la detención no fue realizada de forma legal.

Desde octubre de 2018, Fujimori se encontraba en prisión preventiva por riesgo de fuga, tras ser imputada dentro del caso de corrupción Lava Jato, por no declarar un millón de dólares que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña a la Presidencia de 2011.