La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la larga crisis en Haití, donde las protestas contra el gobierno del presidente Jovenel Moïse se agudizaron en septiembre pasado con un saldo de al menos 42 muertos.

De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, la crisis que se vive en Haití ha impactado la capacidad de la población para ejercer sus derechos básicos a la salud, la alimentación, la educación y otras necesidades.

“Al menos 42 personas han muerto y 86 resultaron heridas como consecuencia de la escalada de tensiones desde que comenzó con la última tanda de protestas el 15 de septiembre” pasado, indicó la portavoz de la Oficina, Marta Hurtado, al describir la situación en la nación caribeña.

“Los informes indican que las fuerzas de seguridad fueron responsables de 19 de las muertes, mientras que el resto fue asesinado por personas armadas o por desconocidos”, señaló Hurtado en un comunicado publicado en ONU Noticias.

Desde septiembre pasado, la mayoría de los niños no pudo ir a la escuela; la violencia y los bloqueos en las carreteras impiden que las personas tengan acceso a la comida, el agua potable, los medicamentos y el combustible, en especial en regiones alejadas de la capital.

Mientras que la escasez de electricidad, combustible y suministros afecta sobre todo al sector sanitario.

Hurtado llamó a todas las partes a no obstaculizar el funcionamiento de los hospitales y a facilitar el acceso a la atención sanitaria, así como la distribución de alimentos y medicamentos para las personas en las cárceles, los orfanatos y otros grupos vulnerables, como las personas que viven con discapacidades.

Haití, país que lleva años viviendo ciclos de crisis políticas y económicas, enfrenta desde febrero de 2017 uno de sus mayores conflicto, luego de que el empresario Jovenel Moïse asumiera la presidencia del país en medio de acusaciones de fraude electoral.

Además de que el gobierno de Moïse ha sido acusado de desviar millones de dólares que estaban destinados a proyectos de desarrollo y de agravar la pobreza del país e incumplir sus promesas de campaña.

Las protestas se intensificaron en septiembre pasado en demanda de la renuncia del gobernante, quien ha señalado que dimitir sería “irresponsable”.