Para poder interponer la acción de inconstitucional contra la llamada Ley Bonilla, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió al Congreso de Baja California que sea enviada para su publicación en el Diario Oficial de la entidad, como lo establece la normatividad.
Destacó que los integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD ya tienen lista la acción de inconstitucionalidad para impedir que proceda la “Ley Bonilla”, por lo que llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no responder a ninguna presión por parte del partido en el poder y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, también solicitó al presidente López Obrador que durante su gira de trabajo por Baja California pida al Congreso local que la publique, además de que hable con el gobernador electo, Jaime Bonilla, para que respete la Constitución y la ley.
Advirtió que su partido estará pendiente y emprenderá acciones ciudadanas y legales que ayuden a reforzar el respeto a la ley.
Asimismo, señaló que “no se deben de permitir más arbitrariedades ni acciones que vayan en contra de la ley y la Constitución, se necesita una Corte autónoma e independiente que pueda fungir con equilibrio de poderes como marca nuestra Constitución y el marco republicano”.
En un comunicado, Ávila Romero dijo que esperan una resolución autónoma e independiente por parte de la SCJN, que ratifique que la división de Poderes es un principio fundamental en el país y que nadie puede cambiar las reglas del juego electoral una vez que han pasado las elecciones.
Sostuvo que desde el 2014 se conocía que la gubernatura en Baja California sería por dos años tal y como había sucedió en otras entidades como Puebla y Veracruz, además de resaltar la importancia de los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ratifican la gubernatura por dos años.
En cuanto a la consulta ciudadana que llevará el Congreso local este domingo en cinco municipios de la entidad, la Dirección Nacional Extraordinaria reiteró su oposición al calificarla como anticonstitucional e ilegal.
“Lo hemos dicho fuerte y claro, la consulta que pretende llevar a cabo la Legislatura del estado de Baja California, respecto a la Ley Bonilla, es anticonstitucional e ilegal“, expuso y lamentó que un Poder del Estado viole impunemente su propia norma sobre Consultas Populares”.
