La diputada local Patricia Báez propuso endurecer con hasta ocho años de prisión las sanciones a funcionarios que filtren o hagan uso indebido de datos personales en los procedimientos e investigaciones penales que se desarrollen en la Ciudad de México.

En el marco de la primera sesión del segundo año legislativo en el Congreso capitalino, propuso reformar el Artículo 299 del Código Penal local para garantizar la secrecía de esa información durante los procedimientos penales.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que se trata de evitar situaciones en las que las víctimas sufren intimidación, escarnio y demérito de su imagen por difusión indebida de información.

Dicha información se debe resguardar y mantenerse en secrecía, con base en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales, indicó.

Báez Guerrero precisó que con su iniciativa se pretende sancionar con dos a ocho años de prisión y de 50 a 300 días de multa al servidor público que difunda o comunique a terceros no legitimados la información de expedientes de un proceso penal.

Recordó que los datos personales y la información relativa a los procesos judiciales y administrativos deben ser resguardados por las autoridades.

“El cumplimiento de esa obligación garantiza que la identidad de las personas que participan en los procesos no se difunda ni se filtre, permitiendo que dichos procesos no se sometan a intervenciones externas que contaminen la correcta administración de justicia”, aseveró.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y, en su caso, que se elabore el dictamen para su aprobación.