El Gobernador Antonio Echevarría García realizó este viernes una gira de trabajo por el municipio de San Blas, donde supervisó la construcción del bulevar que conectará la playa de Matanchén con Aticama y se reunió con micro y pequeños empresarios de la playa Las Islitas, a quienes reiteró su apoyo incondicional.
Acompañado de la alcaldesa Candy Yescas, el mandatario estuvo en el andador con jardineras, ciclovía y equipamiento urbano, que tiene como finalidad vincular a la comunidad de Aticama con el llamado nuevo San Blas para incentivar el turismo. En esta obra se invierten 5.1 millones de pesos, en beneficio de aproximadamente 14 mil habitantes, y se estima que en tres meses esté concluida.
Posteriormente, el Gobernador y la alcaldesa se reunieron con micro y pequeños empresarios de la playa Las Islitas, entre ellos los propietarios de los tres negocios que resultaron afectados por un incendio registrado la semana pasada en esa zona de restaurantes, con las consecuentes pérdidas materiales.
Ahí, los restauranteros le agradecieron a Toño Echevarría por su apoyo en esa emergencia, primero con la oportuna intervención del personal de Protección Civil y Bomberos para evitar que el fuego se extendiera a otros negocios, y después en la reconstrucción de las ramadas y dotación de mobiliario, equipo y enseres de cocina, como parte del programa de Fomento al Autoempleo de la Secretaría de Economía del Gobierno Estatal.
Durante este encuentro, se entregaron becas económicas para la capacitación de 25 meseros, por un total de 169 mil pesos, con la intención de fortalecer sus competencias laborales e impulsar una atención más eficiente a los visitantes, que en el último año ascendieron a más de medio millón, según datos de la Secretaría de Turismo de Nayarit.
El mandatario expresó a los ramaderos que “mientras yo sea Gobernador de Nayarit, nadie los quitará de esta zona“, esto en respuesta a la demanda de apoyo de los propios micro empresarios ante las acciones de personas que se dicen propietarias de los terrenos que ellos, por más de 40 años, han ocupado bajo la figura de concesión federal y de la que ahora pretenden desalojarlos con “acciones legaloides”.