El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su contraparte en los estados consideran que se debe aplicar prisión preventiva a los políticos que hayan cometido delitos relacionados con corrupción.

José Octavio López Presa, presidente del SNA, informó que se sostienen reuniones con la titular de la Secretaría de la Función Pública, con la Ficalía Anticorrupción y con la Unidad de Inteligencia Financiera para contar con un marco de mayor comunicación entre el SNA y las representaciones en los 32 estados del país, compartiendo información para hacer más efectivo el combate a los ilícitos cometidos, tanto por funcionarios públicos, como particulares.

“Todos los países que han tenido éxito en esta tarea, han pasado por un proceso donde se quita la política de la justicia. En México hemos tenido esta tradición nociva de querer controlarlo todo. Los gobiernos quieren controlar todo”, criticó el también titular del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

A su vez, Odracir Ricardo Espinoza Valdez, fiscal anticorrupción de Sonora, admitió que pese a la integración del SNA hace tres años, “la percepción de la gente es que no se está haciendo nada”, porque no se han procesado a políticos que cometieron actos de corrupción.

Añadió que la reciente reforma que dictamina como grave esta clase de delitos, permitirá que se aplique la prisión preventiva a los presuntos responsables.

El 15 de enero pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, modificar el dictamen de la minuta que reforma el Artículo 19 de la Constitución Política para incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentra la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

“Se busca atender de manera eficaz la problemática de impunidad e inseguridad en nuestro país, situación que ha generado millones de víctimas ante los delitos de corrupción”, indica el párrafo siete de la citada minuta.

“En un futuro vamos a ver mucha gente procesada, vamos a llevarlos a prisión preventiva”, indicó el fiscal sonorense, al añadir que la fiscalía a su cargo tiene 115 expedientes abiertos “en los que 93 por ciento son políticos, empresarios y prestanombres. Entre ellos se encuentran nueve exsecretarios, varios presidentes municipales y tesoreros”, abundó.

El fiscal expuso que en la actualidad los implicados en casos de corrupción “van y entregan al juzgado sus pasaportes y sus visas para mostrar que no tienen intención de abandonar el país”, pero terminan fugándose, por lo que la prisión preventiva impedirá que eso ocurra.

Al hacer un recuento de los avances en la integración del SNA, puesto en operación el 19 de julio de 2016, José Octavio López Presa explica: “vaya que ha habido obstáculos en estos tres años, porque estamos cambiando un paradigma. Es inédito e impensable para la clase política tradicional que tengan que estar en una mesa con ciudadanos, acordando políticas públicas”.

Sin embargo, reconoce que aún hay resistencia en algunos estados a formar los Sistemas Estatales Anticorrupción, como la Ciudad de México, Campeche, Chiapas y San Luis Potosí. Los 28 restantes están trabajando con los siete integrantes que los conforman, entre los que destaca el presidente de Comité de Participación Ciudadana (CPC). Un ciudadano que tiene la titularidad del sistema en cada entidad.

“Hay carencia de voluntad política para terminar de crear los sistemas estatales”, expuso López Presa-, me extraña de la Ciudad de México, pero no se han puesto de acuerdo, es una pena. En esto han arrastrado los pies por distintas causas, han hecho las cosas muy mal, por lo que no se ha podido constituir su órgano garante de la voluntad ciudadana”, criticó.

En el caso de San Luis Potosí, lleva 50 por ciento de avance, en lo que se refiere a la Ciudad de México la falta del fiscal anticorrupción impide el funcionamiento del SEA, en los dos estados restantes existe una omisión en la homologación de las leyes.

También se ha observado que el proceso de integración de las fiscalías estatales no ha estado exento de contratiempos, especialmente relacionados con la falta de presupuesto, e incluso de espacio para funcionar, como es el caso de Jalisco.

“Aquí nació la Fiscalía Anticorrupción sin instalaciones, dado que la Constitución nos otorga una autonomía operativa, no quisimos estar dentro de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, porque de lo contrario proyectaríamos una imagen de subordinación.

“Los primeros meses atendíamos en cualquier lugar, cafés, oficinas de abogados particulares. Hoy tenemos instalaciones propias”, explicó Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, primer fiscal especializado en el combate a la corrupción en esa entidad.

Actualmente, la fiscalía jalisciense cuenta con cinco agentes del Ministerio Público, 10 policías investigadores y se han abierto dos mil carpetas de investigación. En la legislación no se especificó que solo se perseguirían delitos por corrupción y recibieron expedientes por desaparición forzada y secuestro donde participaron funcionarios públicos.

Jesús Homero Flores Mier, fiscal Anticorrupción de Coahuila, destacó la importancia de dotar de autonomía a las fiscalías de todo el país mediante la asignación de un presupuesto que sea independiente de las fiscalías generales y que la federación contribuya al sostenimiento de los sistemas en los estados.

Destacó la importancia de que se les facilite toda la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, lo que permitirá actuar con mayor rapidez y facilidad.

Mario Can, auditor superior de Yucatán y miembro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, resaltó la importancia de la participación ciudadana, e indicó que en esa entidad se trabaja en reformas a la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública para combatir las empresas fantasmas.

Graciela Torres Garma, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción en Yucatán, explicó que han desarrollado un mecanismo de queja, donde cualquier ciudadano puede acudir a interponer su inconformidad y las sesiones donde asiste todo el comité coordinador son públicas.

López Presa indicó que el CPC nacional interpuso amparos contra la imposición de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

“Recientemente el CPC de Zacatecas se amparó contra el nombramiento de un auditor porque no cumplía con los requisitos y el CPC de Chihuahua se amparó contra el Congreso del Estado porque tiene una ley contraria al espíritu de participación ciudadana”, finalizó el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción.

Puntos claves para entender el Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comenzó a operar el 19 de julio de 2016, surgió para crear instituciones autónomas enfocadas a combatir y castigar la corrupción mediante la colaboración estrecha entre ciudadanos y titulares de entes públicos.

La intervención de los ciudadanos en este nuevo esquema implica la integración de un Comité de Participación Ciudadana formado por cinco personas, que es elegido por una comisión de nueve ciudadanos, que a su vez fueron designados por los congresos.

Quien encabece el Comité de Participación Ciudadana es quien ocupa la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el responsable de la Auditoría Superior de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un representante de la Judicatura Federal.

Este mismo esquema se replica en los 32 estados del país, con los titulares de las dependencias correspondientes, conformándose como Sistema Estatal Anticorrupción, que también es presidido por un ciudadano del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

El 27 de mayo de 2015 fue publicada la reforma constitucional para crear el SNA, que obligó a emitir, reformar y abrogar los ordenamientos jurídicos con que se operaba para darle cabida a la Fiscalía Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.

Hubo reformas a siete leyes, entre las cuales están la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales; también se crearon legislaciones secundarias como las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades Administrativas, la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Al aprobar esas leyes se procedió a reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.